Comunidades del Cañón del Micay no bloquearán la vía, pero advierten posible marcha a Bogotá por respuesta del presidente

Las comunidades del Cañón del Micay, encabezadas por habitantes de El Cofre, anunciaron que no procederán con el bloqueo de la vía como medida de protesta, pero no descartan llevar su movilización hasta Bogotá. La decisión llega después de la negativa del presidente frente a sus demandas, según lo manifestó Duverney Galvis, vocero de los manifestantes.

El vocero indicó que, tras días de manifestaciones y ante la falta de una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno, las comunidades tomaron la decisión de explorar nuevas formas de presión, incluida la posibilidad de organizar una marcha hacia la capital del país para hacer escuchar sus demandas. La preocupación en la zona es creciente, ya que las comunidades del Cañón del Micay exigen soluciones urgentes a problemas estructurales que afectan su desarrollo y bienestar.

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Galvis también señaló que, aunque la opción de bloquear la vía ya no está en sus planes inmediatos, las comunidades continúan en pie de lucha y buscan que el Gobierno nacional reaccione antes de que la situación se agrave. Las comunidades hicieron énfasis en temas de infraestructura, acceso a servicios básicos y seguridad, entre otros.

Las comunidades campesinas de Argelia y El Tambo, ubicadas en el sur del Cauca, alzaron su voz en protesta contra varios proyectos del Gobierno del presidente Gustavo Petro que, según ellos, amenazan su territorio y bienestar. A tan solo dos meses de que el gabinete colombiano anunciara su presencia en El Plateado para garantizar la presencia del Estado en la región, miles de campesinos dejaron claro su rechazo a las iniciativas del Ejecutivo, como la construcción de una hidroeléctrica, la operación militar en su región y la propuesta de comprar coca. El comunicado emitido por los 1.000 manifestantes señaló que no cesarán en sus movilizaciones hasta que el gobierno escuche sus exigencias y se logren acuerdos que respeten la justicia social y ambiental.

El 27 de noviembre, alrededor de 500 campesinos decidieron movilizarse hacia Puerto Tejada, municipio del norte del Cauca, a más de 150 kilómetros de sus tierras, en una manifestación pacífica que bloqueó la vía Panamericana, una de las arterias más importantes del país. Duverney Galvis, líder de la Asociación Campesina Agrícola y Ambiental de Huisitó, una de las veredas de El Tambo, expresó que las propuestas del Gobierno resultan insuficientes.

En una conversación telefónica con El País, Galvis señaló: “Hace un mes vinieron a decir que estaban con los pobladores, pero, aunque hemos pedido que nos escuchen, siguen adelante con unos proyectos que no vemos viables. Nos generan afectaciones ambientales al territorio y las intervenciones militares han dejado civiles desplazados.”

Uno de los principales puntos de conflicto es la propuesta del Gobierno de comprar la coca cultivada en la región. En su comunicado, los campesinos afirman que este proyecto carece de viabilidad, dado que el Gobierno no cuenta con los recursos suficientes para adquirir las más de 12.600 hectáreas de coca en la zona. Según Galvis, la compra de la hoja de coca sería “peligrosa” y difícil de implementar, pues no tiene el sustento necesario para garantizar su ejecución de manera efectiva.

Otro de los grandes puntos de fricción es la construcción de la represa Arrieros del Micay, un proyecto que data de 1997 y que, a pesar de las advertencias del Ministerio de Ambiente sobre sus efectos ecológicos, el Gobierno actual decidió retomar. En enero de 2024, durante una visita a la región, el presidente Petro defendió la obra asegurando que es la única solución a los problemas energéticos del Pacífico.

Sin embargo, Galvis destacó que la comunidad lleva casi tres décadas oponiéndose a este proyecto por los impactos ambientales que tendría en su territorio. “La construcción de la represa es algo a lo que nos hemos opuesto por casi 30 años”, indicó, haciendo hincapié en que la consulta con las comunidades es imprescindible.

Además, las comunidades rechazan la Operación Perseo, la estrategia militar puesta en marcha para retomar el control de El Plateado, un área clave para los grupos disidentes de las Farc. El presidente Petro justificó la operación en octubre, argumentando que la situación en la región, marcada por el control de los disidentes, exigía una intervención militar. No obstante, las comunidades denunciaron que las acciones militares solo aumentaron el desplazamiento forzado de civiles, generando más sufrimiento entre los habitantes de la región.