Luego de cuatro días de negociaciones, el Gobierno nacional, al mando de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en coordinación con 13 instituciones estatales, y las comunidades indígenas embera, Chamí, y embera Katío de Risaralda, llegaron a un acuerdo para que retornen a sus territorios de manera pacífica.
Los compromisos están enfocados a priorizar el acceso a la tierra, la educación, la salud y la vivienda, asegurando el regreso de las comunidades con plenas garantías.
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Con respecto a la entrega de tierra, las partes consensuaron el establecimiento de compromisos para 2024, 2025 y 2026, que incluyen la constitución del Resguardo Indígena embera Chamí en Guática y la ampliación del Resguardo Kurmadó en Marsella.
Además del planteamiento de iniciativas para fortalecer la formalización de territorios prioritarios, y darle prioridad a la ampliación del “Gran Resguardo Unificado embera Chamí” en Mistrató, se comprometieron crear una mesa técnica de seguimiento de manera conjunta para vigilar el avance de los acuerdos.
En 2025 se pondrá en primer lugar el proyecto de fortalecimiento educativo comunitario Crir y se dará continuidad a las visitas a 15 sedes educativas en concertación con el Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir). Para la capacitación de docentes y etnoeducadores se comprometieron a hacer efectivo el Decreto Legislativo 1345 de 2023, que regula la educación indígena.
En paralelo, llegaron a los siguientes acuerdos: “Realizar una visita técnica y de reconocimiento en los territorios para identificar las necesidades de infraestructura en salud y evaluar si es necesario construir nuevos centros de atención, mejorar y/o dotar los existentes en Risaralda”.
Además, se comprometieron a programar la asignación de recursos necesarios durante las vigencias 2025, 2026 y 2027 para conformar una red de atención integral en los municipios con presencia de la comunidad embera. Así mismo, se llevarán a cabo actividades para verificar y articular el funcionamiento de los 67 equipos básicos de salud para la atención primaria.
A la par, se estableció la creación de un proyecto de salud mental, sexual y reproductiva, con un presupuesto de $500 millones para 2025. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) integrará a más familias embera en programas de hogares sustitutos y seguridad alimentaria.
Otro de los puntos acordados es la consecución de recursos asignados hasta 2027. Esta medida busca fortalecer la red de atención primaria, incluyendo la ampliación de los Equipos Básicos de Salud a partir de diciembre de 2024. Igualmente, se establecieron visitas técnicas para evaluar la infraestructura sanitaria y determinar la construcción o mejora de centros de salud en Risaralda.
Por otro lado, se avanzará en la implementación de un sistema de cuidado comunitario, con especial atención a la vivienda digna, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas.
Para la ANT, “estas rápidas negociaciones demuestran que es posible generar espacios de escucha respetuosos y armónicos entre las instituciones del Gobierno y la población colombiana”, señalaron. Por su parte, representantes de las comunidades embera valoraron el retorno a sus territorios con “la tranquilidad de saber que tienen un Gobierno nacional que las escucha y protege”, sostuvo el director de agencia, Felipe Harman.
Luego de que se hicieron públicos los acuerdos, los líderes de las comunidades embera aseguraron que esperan que los acuerdos ayuden a solucionar las profundas desigualdades que enfrentan y que se han mantenido durante estos años. De igual manera, advirtieron que si no se cumplen los puntos pactados volverán a la capital del país.
“Nos vamos con la certeza de que hemos avanzado, pero también con la responsabilidad de vigilar que nuestras necesidades no queden en el olvido”, expresó Marco Fidel Guasarave, líder del Consejo Mayor Indígena de Risaralda.