Unidad de Víctimas exigió respeto por indígenas que llegaron a Bogotá: “No se puede empacar a los embera en buses”

El 26 de noviembre de 2024 llegaron a Bogotá cerca de 2.000 indígenas embera, provenientes de Risaralda, con el fin de exigir al Gobierno nacional un apoyo, debido a que en sus territorios de origen no hay garantías para tener una vida digna y libre de violencias, puesto que las condiciones de asentamiento son precarias y hay inseguridad.

Una de las graves problemáticas que enfrentan es la carencia de alimentos: por lo menos 38 niños indígenas embera han muerto por desnutrición en 2024, según CityTV. En consecuencia, hicieron notar su presencia al frente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para pedir que fueran escuchados.

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La situación generó malestar, teniendo en cuenta que cientos de ellos regresaron a Alto Andágueda y Risaralda en septiembre de 2024, luego de estar asentados en la capital durante un largo tiempo. En medio la situación, en la que la población indígena ha estado pidiendo atención del Gobierno para evitar la vulneración de sus derechos, han sido víctimas de discursos discriminatorios por parte de personas que exigen su regreso a sus lugares de origen.

La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, se pronunció al respecto en una rueda de prensa en la que criticó declaraciones que ha escuchado en las que pondera el racismo y la aporofobia, que es el rechazo hacia las personas que se encuentran en condiciones de pobreza.

“Las afirmaciones de que: ‘A ver, ayúdeme a que se vayan ya de Bogotá’, también es muy peligrosa, puede caer en afirmaciones racistas. Los pueblos indígenas, los pueblos afro, raizales, palenqueros, que vienen, no son pueblos que estorban, vienen a interlocutar y tenemos que garantizarles los derechos fundamentales”, indicó la directora ante los medios de comunicación.

De acuerdo con la funcionaria, la Unidad para las Víctimas solo atiende a la población indígena que haya sido víctima del conflicto armado; no tiene la facultad de actuar para proteger a todos los ciudadanos embera del país. Con respecto a los que llegan a la ciudad, tiene unas responsabilidades específicas: “Nuestra tarea es garantizar derechos, ya sea a través del retorno, la reubicación o la integración”, precisó.

Además, insistió en que los gobiernos locales tienen que velar por la integración de las comunidades indígenas en sus jurisdicciones. Por otro lado, aclaró que la minga indígena que llegó a Bogotá no fue financiada por la entidad, como se ha especulado, teniendo en cuenta que esa no es su responsabilidad.

El subdirector de la Unidad para las Víctimas, Omar Fernández, se unió a las declaraciones de la funcionaria, informando que desde el 8 de septiembre se empezó con el proceso de retorno de la población embera asentada en el parque Nacional de Bogotá. Ese mes, un total de 271 hogares, es decir, 660 personas, regresaron a sus territorios y el 98% de ellas siguen allá. “Hemos garantizado condiciones dignas mientras avanzamos en procesos concertados de reubicación”, aseguró.

Asimismo, hizo énfasis en los esfuerzos que se requieren para lograr su retorno: hay que hablar con las comunidades, identificar sus necesidades y determinar, de manera conjunta, cómo y dónde será su reubicación. Esto significa que no pueden ser sacados de la ciudad a la fuerza.

El asesor de la Unidad para las Víctimas, Néstor Osuna, confirmó que un acto de ese tipo sería un delito: “No se puede, perdónenme la expresión, empacar a los embera en buses y devolverlos. Eso es desplazamiento forzado y quien lo proponga está promoviendo un acto ilegal que además profundiza el racismo”, aseveró.

Recordó, además, que la población indígena es tan colombiana como cualquier otro ciudadano y se le deben garantizar sus derechos. Por eso, indicó que es necesario buscar soluciones a la problemática que afrontan de manera respetuosa.