Red de tráfico de armas en las Fuerzas Militares: soldados activos y retirados las robaban de batallones para venderlas a grupos criminales

Un escándalo se generó dentro de las Fuerzas Militares en Colombia, luego de que la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la desarticulación de una red delictiva dedicada al tráfico de armas, y que involucra a miembros activos, retirados y hasta pensionados de la institución.

Durante los operativos ejecutados en varias ciudades y municipios del país, las autoridades capturaron un total de nueve hombre (cinco uniformados activos, dos retirados y dos pensionados), que serían responsables de extraer partes de fusiles y otras armas de instalaciones oficiales para venderlas a grupos armados que operan de manera ilegal, de acuerdo con lo que contó el ente investigador.

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Las investigaciones, llevadas a cabo por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, revelaron que los involucrados habrían extraído piezas de armamento de bases militares como Tolemaida en Cundinamarca, Larandia en Caquetá, y del almacén de Indumil en la misma región. Estas piezas habrían sido ensambladas después de sacarlas de las bases para su venta ilegal.

En los operativos realizados en Bogotá, Nilo (Cundinamarca), Florencia (Caquetá), Duitama (Boyacá), Montería (Córdoba) y Riohacha (La Guajira), fueron arrestados los sargentos Luis Carlos Buitrago, Anderson Sánchez y Raúl Leonardo Becerra, así como los sargentos retirados César Leslie Ramírez, James Valencia y Mauricio Fagua.

También se detuvo a los soldados profesionales Wilson García y Breshnet Peña, además del soldado pensionado Luis Ferney Ríos. Los detenidos fueron presentados ante la justicia y se les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Las pruebas recopiladas indican que los investigados recibieron pagos en efectivo, evitando transacciones digitales para no dejar rastro del movimiento del dinero. El sargento Valencia aceptó los cargos, mientras que los demás los rechazaron.

En consecuencia, un juez de control de garantías ordenó que todos los aprehendidos permanezcan detenidos en sus domicilios mientras el proceso legal continúa avanzando.

Esinhawer Romero Moreno, Harold Alejandro Ráquira García y Sergio Lozano Morales, un soldado profesional y dos militares retirados, fueron detenidos por su presunta implicación en una red de tráfico de armas en Colombia, según informó la Fiscalía General de la Nación el 29 de mayo de 2024.

Los acusados habrían utilizado sus posiciones en las Unidades Móviles de Mantenimiento de Armamento del Ejército Nacional para sustraer y vender armas a grupos ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía, reveló que los implicados aprovecharon sus roles en la Cuarta y Sexta División del Ejército para extraer armas de largo alcance de los depósitos militares. Estas armas fueron posteriormente comercializadas con organizaciones armadas que operan en diversas regiones del país, incluyendo el centro, sur y norte de Colombia.

Los detenidos deberán enfrentar cargos por concierto para delinquir agravado y por la fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. La Fiscalía destacó que la operación permitió desmantelar una red que representaba un riesgo significativo para la seguridad nacional.

El caso subraya la preocupación por la infiltración de elementos corruptos dentro de las fuerzas militares, quienes, según las autoridades, facilitan el acceso a armamento a grupos ilegales.

Este tipo de actividades no solo comprometen la seguridad interna, sino que también fortalecen a organizaciones criminales que continúan desestabilizando varias regiones del país.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en esta red y para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. Este caso resalta la importancia de mantener la integridad y la vigilancia dentro de las instituciones encargadas de la seguridad nacional y prevenir que recursos del Estado caigan en manos equivocadas.