Un reciente informe de la Procuraduría General de la Nación arrojó preocupantes hallazgos sobre los efectos de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro en el desminado en Colombia.
Según el documento, conocido por Blu Radio, en lugar de reducir los riesgos de los campos minados, la estrategia de paz ha facilitado el accionar de grupos criminales, intensificando el uso de artefactos explosivos para el control territorial en zonas ya afectadas por el conflicto armado.
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Desafíos del desminado en el contexto del conflicto armado
El informe de la Procuraduría, que cubre el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2024, analiza la situación del desminado en Colombia en el marco de la Convención de Ottawa. Este acuerdo internacional, al que el país está suscrito, tiene como objetivo la eliminación de minas antipersonales en territorios afectados por el conflicto armado. Sin embargo, el documento destaca que, a pesar de los esfuerzos realizados en varias regiones, Colombia sigue enfrentando grandes dificultades para cumplir con este compromiso, especialmente en áreas de difícil acceso y en aquellas donde las estructuras criminales siguen operando.
El Ministerio Público subraya que las zonas con mayor concentración de minas corresponden aproximadamente al 10% de los municipios del país, los cuales aún no han sido desminados. Estas áreas coinciden con las identificadas como de emergencia humanitaria recurrente, según la Defensoría del Pueblo, y están marcadas por la presencia de cultivos ilícitos y la minería ilegal, especialmente la extracción de oro.
Uno de los puntos más críticos del informe radica en la relación entre la política de Paz Total y el recrudecimiento del conflicto armado, pues indica que desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, el conflicto ha tenido una reactivación notable, y la reciente apertura de diálogos con los grupos armados ilegales, en el marco de la política de Paz Total, ha generado efectos no previstos.
La Procuraduría señala que los ceses al fuego, y en particular las suspensiones de operaciones ofensivas por parte de las fuerzas armadas en algunas regiones, han permitido que las estructuras criminales aumenten su presencia en áreas estratégicas, donde el uso de minas antipersonales se ha intensificado como una táctica para consolidar el control territorial.
Además, las dificultades geográficas, climáticas y de conectividad han complicado aún más la tarea de desminar estas zonas. En particular, indica que los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), que se financian mediante actividades ilegales como la minería de oro, utilizan minas improvisadas, lo que hace aún más complejo el proceso de desactivación y limpieza de estos artefactos.
Barreras en la atención a las víctimas
La Procuraduría también ha señalado serias barreras en el sistema de atención y asistencia integral a las víctimas de minas antipersonales, particularmente en las etapas de atención urgente. Los accidentes ocurren en áreas de difícil acceso, lo que dificulta la evacuación de las víctimas y su traslado a los centros de salud adecuados. A esto se sumaría que existen problemas en el seguimiento a la rehabilitación física y mental de las víctimas, lo que afecta su proceso de reintegración social y económica.
Tambien se evidencia que víctimas de minas, en su mayoría campesinos y poblaciones vulnerables, enfrentan grandes obstáculos para acceder a servicios básicos como la educación, vivienda y procesos de indemnización. Es por ello que el Ministerio Público insiste en la necesidad urgente de formalizar una ruta de atención a estas personas, que coordine las acciones de las diferentes entidades responsables en salud, reparación y reintegración; y enfatiza en que es necesario elaborar un estándar nacional para la atención y asistencia a las víctimas, para que se logre una respuesta efectiva y oportuna a las personas afectadas por las minas antipersonales.
Según el informe, el país ya ha presentado dos solicitudes de extensión a la Convención de Ottawa, una en 2011 y otra en 2021, y se prepara para una tercera solicitud para el período 2025-2030. Sin embargo, la Procuraduría hace un llamado a las autoridades colombianas para que continúen y multipliquen sus esfuerzos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente.
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