La Nueva EPS aseguró que la transición hacia un nuevo agente interventor no afectará la prestación de los servicios de salud a sus afiliados ni el flujo de recursos hacia la red de prestadores. La entidad aclaró que, a pesar de los cambios internos, no detuvo los giros económicos a los prestadores ni interrumpió la atención a los afiliados. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, todas las operaciones continúan bajo normalidad.
El cambio de agente interventor, que se produjo el 15 de noviembre de 2024, implicó la sustitución de Julio Rincón por Bernardo Armando Camacho Rodríguez, que asumió el cargo con el compromiso de asegurar la estabilidad de la entidad y la calidad de los servicios de salud ofrecidos a la población.
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“Nueva EPS continúa comprometida con garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud a la población, así como en brindar los recursos económicos necesarios a la red de clínicas y hospitales”, puntualizó la entidad, reforzando su compromiso con los más de 10 millones de afiliados en el país.
La empresa afirmó que actualmente se encuentran en proceso de ajuste administrativo, que incluye la actualización de registros y la modificación de firmas, con el fin de asegurar la operatividad continua durante esta fase de cambio. “Como consecuencia de lo anterior, desde Nueva EPS se vienen adelantando los trámites administrativos necesarios para garantizar la continuidad de la operación normal, tales como cambios de firmas, registros, entre otros”, explicó la entidad.
Así, los afiliados y prestadores pueden estar tranquilos, ya que no se registró ningún tipo de interrupción en la prestación de los servicios de salud ni en los pagos a la red de prestadores públicos y privados. Nueva EPS reafirma su compromiso con la calidad del servicio y el flujo constante de recursos, asegurando que los procesos administrativos no representen un obstáculo para los pacientes ni para los proveedores de atención en salud.
¿Ocultaron facturas?
Se conoció que Nueva EPS enfrentó una grave crisis financiera que involucró el ocultamiento de facturas, lo que habría generado una deuda de $5,5 billones con IPS desde 2019. Este sería uno de los principales motivos por los cuales Leal decidió intervenir la entidad. En declaraciones a El Tiempo a principios de 2024, el interventor explicó: “En cuanto a Nueva EPS, vemos con preocupación que durante años atrás se escondieron muchas facturas que no se reportaron al sistema de salud. El pasivo del que tenía conocimiento la Supersalud antes de la intervención, que era de 500.000 millones de pesos. Era una cuantía mínima con respecto al pasivo real de muchas facturas que no estaban presentadas”.
Sin embargo, las intervenciones gubernamentales tuvieron efectos negativos, según varios actores del sector, con algunas entidades del gobierno, como la Adres y la Supersalud, denunciando una caída significativa en los indicadores financieros de la aseguradora. En los documentos obtenidos por Forero, se revela que la cartera morosa superior a 180 días pasó de 89.000 millones de pesos antes de la intervención a 935.000 millones de pesos a finales de octubre.
El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, fue categórico al calificar las intervenciones de las EPS como un fracaso rotundo: “Caos, corrupción, inestabilidad, deterioro en la atención y falta de transparencia. Mucho peor el remedio que la enfermedad”.
En cuanto a los indicadores de calidad, la Supersalud reportó recientemente que las reclamaciones en el régimen subsidiado aumentaron un 12,88% entre octubre de 2022 y septiembre de 2024, mientras que en el régimen contributivo la cifra fue del 26,53%. Además, en el Sistema de Gestión y Control de Medidas Especiales Fénix, se mostró que, hasta julio de 2024, Nueva EPS solo cumplió con el 33% de los 39 indicadores establecidos, lo que refleja graves deficiencias en su gestión.