Cabecilla de las disidencias de las Farc se refirió a los procesos de sustitución de cultivos ilícitos: “La coca es el único producto que el campesino sabe industrializar”

Alias Walter Mendoza, líder del grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ha suscitado el interés público debido a sus afirmaciones sobre el narcotráfico en las regiones de Putumayo, Nariño y Cauca.

Durante una entrevista con la W Radio, se le cuestionó acerca de la presencia de su organización en zonas conocidas por la producción de coca y marihuana. Mendoza respondió negando cualquier implicación directa en el narcotráfico, afirmando que “los propios narcotraficantes están allá en el alto gobierno” y que su grupo únicamente se dedica a cobrar impuestos sobre los cultivos ilícitos.

Durante la entrevista, Mendoza señaló que las comunidades locales viven de los cultivos ilícitos debido al “abandono estatal” y al subdesarrollo de infraestructura que imposibilita la venta de otros productos agrícolas. De acuerdo con el medio, comentó que “en esta región de Nariño... prácticamente aquí todo lo que se siembra, se produce”, pero los campesinos no tienen a quién vender productos legales como la yuca y el cacao debido a la falta de inversión estatal.

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La dinámica presentada en la entrevista también se centró en la actitud del grupo armado hacia el Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Según Mendoza, muchos de los problemas actuales se deben a que el Estado falló en implementar efectivamente los acuerdos, subrayando que “los responsables de que no se hubiera cumplido ese acuerdo fueron Santos y Duque”.

Sobre las acciones propuestas por el Gobierno, como la compra de cultivos ilícitos, Mendoza las explicó con escepticismo, pero dispuesto a apoyar “si el Gobierno cree que eso va a funcionar”. Sin embargo, la falta de confianza es evidente cuando señala que acuerdos similares en el pasado no trajeron resultados beneficiosos para las comunidades locales.

En diálogos con la W Radio, Mendoza indicó que en esos acuerdos “el campesino arrancó su coca y después no le dieron nada”, criticando la insuficiente respuesta estatal. A lo largo de la conversación, se discutió extensamente cómo la falta de infraestructuras como vías, redes eléctricas y acceso al agua potable exacerbaba la dependencia de las comunidades hacia los cultivos de coca. Mendoza dejó claro que este abandono empuja a los habitantes a dedicarse al único producto donde ven resultados: la coca.

Según la entrevista reproducida por el medio fuente, enfatizó que “la coca es lo único que el campesino ha aprendido a industrializar y es de calidad de exportación”, remarcando una problemática profundamente enraizada en la estructura económica y social de estas regiones.

En última instancia, la cuestión planteada sobre si los grupos armados impiden la llegada del estado fue rechazada por Mendoza, quien sostuvo que “eso es falso” y defendió que su grupo no obstaculiza la inversión externa, sugiriendo que las dificultades mencionadas son más bien parte de las percepciones exteriores y no una realidad respaldada por sus acciones sobre el terreno.

La entrevista resalta las tensiones y las realidades en las regiones afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico en Colombia, planteando preguntas complejas sobre la implementación de políticas del gobierno y el papel de los grupos armados en estas zonas. La situación exige una política de estado más comprometida y soluciones integrales que puedan ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades más desfavorecidas.

En un contexto de aumento del 10% en los cultivos de coca en Colombia durante 2023, alcanzando las 253.000 hectáreas, el presidente Gustavo Petro ha propuesto comprar la hoja de coca a los cultivadores del corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca.

Sin embargo, esta iniciativa enfrenta serios desafíos legales, ya que actualmente no existe un marco regulatorio que permita tal transacción, según el Código Penal colombiano. La venta de coca es ilegal, y cualquier intento de compra estatal requeriría cambios significativos en la legislación vigente, informó Infobae.

La propuesta de Petro ha generado sorpresa y preocupación entre expertos en cultivos ilícitos. Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), expresó en Cambio que el anuncio podría incentivar a más personas a cultivar coca si tienen un comprador asegurado. Además, advirtió que la iniciativa podría crear expectativas en otras regiones del país, como Nariño, Putumayo y Norte de Santander.

El contexto de esta propuesta coincide con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que también reporta un aumento del 53% en la producción de cocaína, lo que representa un desafío significativo para el Gobierno colombiano. Según el exministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, la compra estatal de coca violaría la ley, ya que no hay un marco legal que lo permita.