En un controvertido debate sobre la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las entonces Farc en La Habana, Walter Mendoza, exmiembro de ese grupo guerrillero, ha planteado serias acusaciones contra los gobiernos previos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.
Mendoza, durante una entrevista con W Radio, subrayó que “los responsables de que no se hubieran cumplido ese acuerdo fue Santos y Duque”, afirmando que el proceso fue una “mentira” y una “farsa”. Esta postura crítica se enmarca en un contexto de desilusión frente a lo que él percibe como promesas incumplidas hacia antiguos combatientes que decidieron desarmarse.
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“La JEP prácticamente no ha funcionado, ve, hoy a 8 años, a 8 años, no hay ninguna resolución jurídica, como se acordó en La Habana, como verdaderamente era la JEP”, exclamó Mendoza.
Mendoza señaló que, según datos recopilados por inteligencia militar y entidades internacionales, en Colombia actualmente existen más de “treinta grupos armados” en comparación con las dos guerrillas principales, las Farc y el ELN, que operaban cuando se firmó el acuerdo en La Habana. Lo anterior lo considera un fracaso del acuerdo en desactivar completamente el conflicto.
Por otro lado, Mendoza atacó la forma en la que fueron manejados los procesos judiciales post-acuerdo. “La JEP (en referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz) prácticamente no ha funcionado”, afirmó, sugiriendo que el acuerdo original de La Habana fue distorsionado durante las negociaciones del Teatro Colón. Esta crítica profunda se relaciona con su percepción de que el estado no ha proporcionado garantías de seguridad jurídica adecuadas a los excombatientes.
“La Jep de La Habana es una, le empezaron a torcer el cuello, fue en él en los acuerdos del Teatro Colón. Hay dos acuerdos, el de La Habana, que es el original, y el del Teatro Colón. Yo personalmente no avaló el acuerdo del Teatro Colón”, afirmó Mendoza en diálogo con la W Radio.
Sin embargo, no todo su discurso fue negativo. Mendoza expresó aprecio por los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para cumplir con los compromisos del acuerdo. “Valoramos mucho lo que ha venido haciendo el presidente Petro”, reconoció, aunque también mostró escepticismo sobre el avance debido a “las trabas que tiene el gobierno”.
A pesar de criticar la falta de avances concretos, Mendoza destacó un aspecto positivo del gobierno de Santos: “El 60% de nuestros guerrilleros salieron de las cárceles”, una medida que considera significativa aunque insuficiente, ya que “el otro 40% sigue en las cárceles”.
De acuerdo con los datos recogidos por la W Radio, los números de guerrilleros asesinados tras su desmovilización también son alarmantes, señalando el riesgo continuo al que se enfrentan quienes dejaron las armas.
A medida que transcurre el tiempo, las esperanzas de reconciliación y paz promovidas por el acuerdo parecen disolverse, según sectores críticos.
Alias Walter Mendoza afirma que “la paz no es silenciar los fusiles”, sino abordar las causas subyacentes del conflicto, como la pobreza y la falta de acceso a la tierra y la educación. Mendoza concluyó con un llamado a recordar las verdaderas raíces del conflicto: “con el proceso de paz la guerra era cosas del pasado y no, no fue así, al contrario, se agudizó más”.
Prioridad para mujeres víctimas: Defensoría del Pueblo insta al gobierno a actuar en los acuerdos de paz con las Farc
Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido siete recomendaciones al gobierno del presidente Gustavo Petro para priorizar los compromisos con las mujeres víctimas del conflicto armado.
Estas sugerencias llegan en el marco del octavo aniversario del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un pacto que permitió la desmovilización de la guerrilla más antigua del continente.
La entidad, dirigida por Iris Marín, ha señalado que, a pesar de los avances, es necesario acelerar la implementación de programas y proyectos que promuevan el enfoque de género dentro del acuerdo. Según la Defensoría, de las 130 disposiciones pactadas, más del 50% aún no se han implementado, lo que indica un rezago significativo en la aplicación de estas medidas.
El llamado de la Defensoría subraya la urgencia de avanzar en la implementación del enfoque de género, un tema que ha generado debate entre el presidente Petro y sus críticos. El mandatario ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ciertas decisiones legislativas han obstaculizado el progreso en este ámbito.
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