Una sesión que no se grabó y órdenes en su despacho, estas son las pruebas que involucran al ministro Ricardo Bonilla en el escándalo de la Ungrd

La Corte Suprema de Justicia continúa con la investigación de los congresistas que conforman la Comisión de Crédito Público, quienes están salpicados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), situación que también involucra a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.

La Sala de Instrucción ya llamó a indagatoria a los legisladores Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Castilla y Juan Pablo Gallo.

Los senadores y representantes citados fueron mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, y quienes habrían negociado su aval a nuevos cupos de endeudamiento para supuestamente participar en tres millonarios contratos de la entidad.

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En la decisión de la Corte Suprema y revelada por El Tiempo, los congresistas “posiblemente habrían aceptado los términos de un acuerdo negociado con funcionarios integrantes del alto Gobierno”.

Y agregan: “Durante el segundo semestre de 2023, los aforados aludidos, en su condición de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado emitir conceptos sometidos a su consideración por el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla) a cambio de una dádiva prometida, concretamente bajo la forma de proyectos de obra e interventoría que se adelantarían en la Ungrd”.

La Corte Suprema de Justicia llevó a cabo 59 actuaciones de investigación, donde recopiló documentos, registros de ingresos y salidas tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El ministro Ricardo Bonilla ha negado en más de una ocasión sus presuntas actuaciones irregulares.

La investigación del alto tribunal contó con la versión de Diana Martínez, exsecretaria de Olmedo López, quien presuntamente certificó a la representante Karen Manrique para asistir a reuniones con López y Pinilla.

Según El Tiempo, la Corte cuenta con videos y horas exactas de las reuniones entre la representante Karen Manrique con María Alejandra Benavides Soto, mano derecha del ministro Bonilla e involucrada en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

El alto tribunal indicó que Manrique “habría tenido un rol de vocería o representación del grupo de congresistas que habrían aceptado la dádiva prometida”.

El citado medio explicó que la Corte también cuenta con el testimonio de Jaime Ramírez Cobo, enlace del Gobierno nacional con el Congreso de la República, y quien señaló que Benavides le informó que “algunas dificultades para contactar a funcionarios de la Ungrd.

El 12 de diciembre de 2023, según los videos en poder de la Corte Suprema, hay reuniones que pueden ser determinantes para la investigación. Ese día, participaron ministros y asesores del Gobierno nacional, debido a que se ve en el despacho de Ricardo Bonilla al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, en compañía de Benavides y Ramírez Cobo. El tribunal afirmó que Velasco llevó a la representante María Eugenia Lopera.

“Las interacciones previamente reseñadas son relevantes, pues ese mismo día Ramírez intentó contactar a Olmedo López, a través de Diana Martínez. Según el testimonio de Ramírez, lo hizo por solicitud de Benavides”, indicó la Corte Suprema.

Ramírez Cobo ya confirmó que se reunió con Sneyder Pinilla, donde informó que “desde el Ministerio de Hacienda solicitaban una reunión con el director Olmedo López porque debían atender un asunto urgente”.

El Tiempo infirmó que la versión de Ramírez Cobo coinciden con los tiempos y hechos mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, sobre el supuesto trámite de los proyectos en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar.

Así las cosas, los investigadores de la Corte Suprema de Justicia quieren determinar por qué el propio ministro Ricardo Bonilla decidió relevar a José Roberto Acosta, director de Crédito Público por María Alejandra Benavides.

Además, quieren determinar por qué no se grabó la sesión del 15 de diciembre, día donde el Gobierno logró la aprobación del cupo de endeudamiento, y cuando presuntamente los proyectos estaban listos.

Por tal motivo, la Corte Suprema explicó que todo apunta a “un posible esquema ilegal de “compra” de la función legislativa”, y que presuntamente “María Alejandra Benavides, junto con otro asesor del Ejecutivo habría tenido un rol relevante dentro de una presunta cadena de transmisión de directrices relacionadas con el perfeccionamiento, cumplimiento y seguimiento de lo presuntamente acordado”.