En la tarde del 27 de noviembre de 2024 el Gobierno nacional, en voz de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, confirmó que se llevará a cabo una consulta pública del proyecto de resolución que define la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán, con el objetivo de proteger las cuencas críticas que “abastecen de agua a 1,3 millones de personas en siete municipios de la región y el Área Metropolitana de Bucaramanga”, se lee en el boletín informativo del ministerio.
Según indicó la ministra, la resolución se encontrará publicada para que las personas accedan a la información y puedan emitir comentarios. Asimismo, Muhamad confirmó que se realizarán sesiones para que se conozca la resolución que pretende proteger los recursos del territorio.
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Sin embargo, esta medida, que duraría hasta dos años, no fue apoyada por la Asociación de Consejeros de Soto Norte, Consonorte. Según su vocero,Fabio Maldonado, esta regulación es una arbitrariedad por parte de la funcionaria.
En video, Maldonado sostuvo que la decisión de la ministra Muhamad eran un error para con “nuestro territorio, con nuestra provincia, al declararlo una zona de reserva temporal en Soto Norte, una medida arbitraria, innecesaria que condena a la ilegalidad a más de 29.000 personas”, haciendo referencia a que las decisiones afectarían directamente a quienes allí trabajan.
Lo anterior, porque, según indicó el director de Consonorte, “deja todo nuestro territorio en zona de conservación y eso significa que no va a ser posible que realicemos ninguna de nuestras actividades, ni mineras, ni agropecuarias, ni agroindustrial, violando el acuerdo de Escazú”. No obstante, lo dicho por la ministra indica que la medida “no tiene efectos ni sobre la agricultura, ni ganadería, ni la infraestructura, ni las licencias de construcción, que se seguirán haciendo de acuerdo con los usos del suelo”.
También indicó la titular de la cartera ambiental que la resolución “reconoce la tradición minera de los municipios de Californio, Vetas y Surata”, por lo que no se vería afectado el trabajo que realizan los mineros tradicionales, en contraste a la limitación de nuevas concesiones mineras o contratos especiales de exploración en la zona.
Para Fabio Maldonado, la decisión de la ministra Muhamad pasa “por encima de los 6 alcaldes y del Gobernador de Santander, que le dijeron un “no” rotundo a las zonas de conservación temporal”. Dichos alcaldes serían los gobernantes de Surata, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.
En cuanto a la consulta pública propuesta por el Gobierno, Maldonado afirmó que no funcionaría, porque “solo abre una ventana de comentarios durante 20 días que no van a servir para nada, porque la medida será implementada y quedará ahí durante mucho tiempo”.
Además de lo anterior, el director de Consonorte aseguró que la medida “nos condena a la ilegalidad, que trae consigo la contaminación, la inseguridad y el riesgo a la vida”, incumpliendo con el acuerdo de Escazú.
La zona de reserva cubriría un área de 75.300 hectáreas en el costado occidental del macizo indicado y las actividades en esta parte del país podrían afectar el ciclo del agua en Santurbán en, al menos, 23.000 hectáreas. Pero, esta propuesta también fue criticada por Asomineros, que aseguró que el ministerio está incumpliendo el acuerdo mencionado anteriormente, puesto que este tipo de proyectos deben concertarse con las comunidades.