Para resolver el déficit fiscal del Gobierno, congresista del Pacto Histórico propone legalizar las drogas y cobrarle impuestos

En medio del debate sobre cómo enfrentar el déficit fiscal del Gobierno nacional, el congresista Alejandro Ocampo, presidente de la Comisión para el Seguimiento a la Nueva Política de Drogas del Congreso, propuso legalizar y regular el mercado de drogas como una estrategia para generar ingresos mediante el cobro de impuestos.

Según Ocampo, regular sustancias como el cannabis podría convertirse en una fuente importante de recursos para el país, ayudando a financiar sectores clave como la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad.

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“La solución para enfrentar este recorte presupuestal está en regular las drogas. Sustancias como el cannabis pueden convertirse en una fuente legítima de ingresos para el país, generando impuestos que beneficien a los colombianos”, afirmó.

El congresista subrayó que esta propuesta no solo busca fortalecer las finanzas públicas, sino también debilitar a las estructuras ilegales que, durante décadas, han controlado el comercio de estas sustancias y generado violencia en el país.

“Hoy enfrentamos una oportunidad histórica para transformar este problema en una solución. Regular el cannabis y otras drogas es un paso necesario para fortalecer nuestras finanzas públicas y, al mismo tiempo, restar poder a las estructuras ilegales que han afectado tanto a nuestra sociedad”, señaló Ocampo.

El congresista también instó al Congreso y al Gobierno nacional a considerar esta medida como una alternativa viable para afrontar la crisis económica. Argumentó que países como Canadá y Uruguay ya han demostrado los beneficios económicos y sociales de regular el mercado del cannabis, generando ingresos tributarios significativos y reduciendo la carga del sistema judicial asociada con el narcotráfico.

La propuesta se da en un contexto en el que el Gobierno enfrenta dificultades para cubrir su presupuesto debido al aumento del déficit fiscal, lo que ha llevado a ajustes en diversas áreas.

Según el congresista, la regulación de drogas podría representar un cambio estructural en la política de lucha contra el narcotráfico, pasando de un enfoque represivo a uno basado en la regulación y el aprovechamiento económico.

El debate sobre la legalización de las drogas ha sido recurrente en Colombia, pero esta es una de las primeras ocasiones en que se presenta como una alternativa para solucionar problemas fiscales. La propuesta de Ocampo podría abrir un nuevo capítulo en las discusiones sobre política de drogas en el país.

El Gobierno de Colombia ha anunciado un recorte presupuestal de $28,4 billones para el año 2025, en un intento por reducir el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Esta medida fue aprobada recientemente en un consejo de ministros y responde principalmente a una caída en los ingresos tributarios y la necesidad de cumplir con la Regla Fiscal, que establece límites para el déficit del gobierno.

El propósito principal de este ajuste presupuestal es equilibrar las restricciones fiscales del país con las prioridades sociales. A pesar de los recortes, el Gobierno ha decidido destinar recursos a áreas clave para mitigar el impacto social de la crisis fiscal.

Dentro de los sectores priorizados, se asignarán $1,7 billones para hacer frente a la emergencia invernal, $500.000 millones para programas de alimentación infantil, $1 billón para garantizar la gratuidad en la educación superior y $1,3 billones para financiar la Renta Ciudadana, un programa que beneficia a sectores vulnerables a través del Departamento de Prosperidad Social.

Este ajuste presupuestal afectará tanto el rubro de funcionamiento como el de inversión. Se estima una reducción de $18,2 billones en el funcionamiento del Estado y de $10,1 billones en inversión.

Según Valora Analitik, los sectores que tendrán mayor recorte serán los siguiente: Hacienda, con una disminución de $11,8 billones; Trabajo, con $3,9 billones; Defensa, con $606.000 millones; la Rama Judicial, con $452.000 millones; y la Fiscalía, con $347.000 millones.

En cuanto a la inversión, los mayores recortes se concentrarán en sectores como Inclusión Social y Reconciliación, que verá una disminución de $1,8 billones, seguido de Hacienda con $1,7 billones, Transporte con $1,4 billones, Agricultura con $1,2 billones, y Vivienda con $647.000 millones. Sin embargo, los sectores de Educación y Salud no experimentarán recortes, ya que son considerados como prioridades fundamentales para el Gobierno.