
José Camilo Manzur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (Asocodis), ha advertido sobre la creciente crisis financiera que enfrentan las empresas distribuidoras de energía en Colombia debido a la acumulación de deudas por subsidios no pagados.
Según Manzur, si el Gobierno no actúa rápidamente, los usuarios podrían ver un aumento en sus facturas de energía, ya que las empresas no podrán seguir financiando estos subsidios y el pago lo asumirían los hogares colombianos.
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“No es una advertencia nueva y ha ido cambiando. Ha disminuido la opción tarifaria, pero han subido los subsidios. Hay empresas que me están diciendo que no pueden ya financiar los subsidios, empresas pequeñas. Bueno, ya ustedes ven el caso de Aire Intervenido, Afinia también están en dificultades. O sea, hay dificultades que esperamos que se resuelvan prontamente, pero son de oxígeno que se requieren ya, de recursos. Entendemos lo que se plantea de procesos de autogeneración hacia adelante, pero es que el problema lo tenemos hoy”, señaló el líder gremial durante su presentación en la XX Jornada De Distribución de Energía Eléctrica 2024.
Según indicó, la deuda total que el Gobierno nacional tiene con las empresas distribuidoras asciende a siete billones de pesos, de los cuales aproximadamente el 60% corresponde a deuda pública, tanto de organismos nacionales como territoriales.

Dentro de esta cifra, $3.4 billones pertenecen a la Opción Tarifaria, $2.4 billones a subsidios, $0.2 billones a precio y exposición a bolsa, y un billón a deuda oficial, según datos proporcionados por Asocodis.
Manzur explicó que la falta de recursos para financiar los subsidios no implica un aumento en la tarifa de energía, sino en la factura que reciben los usuarios.
Esto se debe a que los subsidios permiten que el Estado ayude a los usuarios más vulnerables, especialmente aquellos de los estratos 1, 2 y 3, a cubrir sus consumos básicos. Sin estos subsidios, los usuarios tendrían que asumir el costo total de la factura, lo que podría representar un incremento de hasta el 150% en algunos casos.
“La tarifa es la misma, porque los subsidios se utilizan para financiar, para que el Estado entregue una ayuda a los usuarios más vulnerables de los consumos de subsistencia. No es un tema de tarifa. Y yo siempre he puesto en el caso extremo, en empresas pequeñas, en los cuales casi todos sus usuarios son de estrato 1, 2 y 3″, continuó el director de Asocodis.

El impacto sería especialmente severo para las empresas pequeñas, como las que operan en regiones como Putumayo, donde la mayoría de los usuarios pertenecen a los estratos más bajos. Según explicó Manzur, un usuario de estrato 1, que actualmente paga $40.000 gracias a un subsidio del 60%, tendría que pagar $100.000 si el subsidio desaparece.
“Vamos a poner ejemplo, empresas pequeñas como Putumayo, que tienen un alto componente de estrato 1, 2 y 3. Si hoy un usuario de estrato 1 le llega la factura en $100.000, está pagando $40.000, porque recibe del Estado un subsidio de 60% que es $60.000. Pero si mañana no hay ese subsidio, ya no va a pagar $40.000, va a pagar $100.000. ¿Y qué representa eso? Un incremento en su factura, más no en la tarifa, de 150%. O sea, hacemos un llamado al gobierno nacional para que apoye a la gente más vulnerable de este país”, continuó el líder gremial.
Por otro lado, la Opción Tarifaria, que busca aliviar la carga financiera de las empresas mediante créditos, ha tenido un avance limitado, contó Manzur. De los dos billones de pesos disponibles a través de Findeter, solo se ha desembolsado el 16%, lo que no es suficiente para resolver la situación.
“Por diferentes motivos, porque los trámites son dispendiosos, porque existen límites de los créditos a cada entidad por el patrimonio técnico. Entonces eso también nos imposibilita. Por eso hemos pedido al gobierno que ponemos otras medidas como la titularización de la deuda, como aporte del Presupuesto General de la Nación, como aporte del Sistema General de las regalías”
Ante esta situación, Asocodis solicitó al Gobierno considerar otras medidas, como la titularización de la deuda y aportes del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías, para mitigar la crisis y evitar que los usuarios más vulnerables sean los más afectados.
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