La Procuraduría apeló la inclusión de interceptaciones como pruebas en el caso contra Álvaro Uribe: asegura que afectan las garantías del expresidente

El delegado de la Procuraduría General de la Nación, Bladimir Cuadro, presentó un recurso de apelación contra la decisión de la juez 44 de Conocimiento de Bogotá. Esta decisión permitió la inclusión de interceptaciones telefónicas como prueba en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Cuadro argumenta que se han violado garantías fundamentales al admitir estas interceptaciones, que involucran conversaciones entre Uribe y su abogado, Diego Cadena.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El delegado del Ministerio Público ha solicitado al Tribunal de Bogotá que intervenga en esta decisión, buscando la exclusión de las 28 interceptaciones de comunicaciones que, según él, vulneran la confidencialidad entre abogado y cliente. Cuadro sostiene que estas comunicaciones fueron detalladamente relacionadas en su solicitud de exclusión, cumpliendo así con su obligación de fundamentar el recurso de apelación.

“Este delegado del Ministerio Público solicita respetuosamente al honorable Tribunal de Bogotá en su sala de decisión penal que intervenga en la decisión objeto de disenso para revocar la decisión en cuanto al punto concreto de disenso referido a la exclusión de las 28 interceptación de comunicaciones que se suscitaron entre abogado y cliente y que fueron relacionadas en la solicitud de exclusión en detalle por parte de este delegado del Ministerio Público”, fueron las palabras de Cuadro.

La admisión de estas pruebas ha generado controversia, ya que se considera que podrían comprometer el derecho a la defensa de Uribe. El caso ha captado la atención pública debido a la relevancia política del expresidente y las implicaciones legales de las pruebas presentadas.

El proceso judicial contra Álvaro Uribe ha sido objeto de intenso escrutinio, y la decisión de incluir las interceptaciones como evidencia ha sido un punto de discordia. La apelación presentada por Cuadro busca revertir esta decisión, argumentando que se deben respetar las garantías procesales y la confidencialidad de las comunicaciones entre Uribe y su abogado.

En un giro significativo en el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, decidió aceptar como pruebas las grabaciones de llamadas interceptadas en 2018. Estas grabaciones, realizadas por el CTI de la Fiscalía, fueron inicialmente ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en el marco de una investigación contra el excongresista Nilton Córdoba, pero por error incluyeron conversaciones del expresidente Uribe.

Durante la audiencia preparatoria del juicio, que se centra en acusaciones de presunto soborno a testigos y fraude procesal, la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, había solicitado que estas grabaciones no fueran admitidas como evidencia. Sin embargo, la juez Heredia argumentó que las interceptaciones no pueden considerarse ilegales ya que fueron autorizadas por la Corte Suprema, y señaló su relevancia para el avance del juicio oral.

“Se habilita a este estrado para estudiar la admisibilidad de las escuchas de las líneas telefónicas de Diego Cadena, Juan José Salazar, Fabián Rojas, Luz Marina Pineda (mamá de Juan Guillermo Monsalve) y Álvaro Uribe”, aseguró la juez.

Las grabaciones incluyen conversaciones con el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, quien enfrenta un proceso por presunta manipulación de testigos en el mismo caso. Uribe ha negado que Cadena actuara como su emisario para obtener declaraciones favorables mediante sobornos de hasta 200 millones de pesos. No obstante, la aceptación de estas grabaciones como prueba podría tener un impacto significativo en el desarrollo del juicio.

Durante una audiencia en Bogotá, Uribe aseguró que Cadena actuó únicamente como “abogado investigador” y no como intermediario para la compra de testigos, según informó Infobae.

La audiencia, que tuvo lugar antes de ser aplazada el 8 de octubre, se centró en las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluidas interceptaciones telefónicas que han generado controversia. La fiscal Marlenne Orjuela argumentó que estas interceptaciones no pueden ser consideradas ilegales, a pesar de que la defensa de Uribe alega falsedad ideológica en el informe de la Corte Suprema.

Uribe aseguró ante la jueza 44 penal de Bogotá que su principal preocupación es que no se permita cuestionar las conclusiones previas de la Corte Suprema por respeto y temor a dicha institución. Este punto fue crucial en su intervención, donde reafirmó que Cadena cumplió con su labor de verificar información, sin manipular a testigos fraudulentos.

La fiscal Orjuela solicitó a la jueza que las interceptaciones telefónicas sean aceptadas como prueba en el juicio, rechazando las solicitudes de la defensa para excluirlas. Según la fiscal, la Corte Suprema actuó conforme a la ley, lo que refuerza la validez de las pruebas presentadas.