Colombia enfrenta un desafío significativo en el sector salud debido al aumento de la deuda con hospitales y clínicas. Según un informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda total del sector alcanzó los 18.9 billones de pesos en junio de 2024, lo que representa un incremento del 12,8% en comparación con diciembre de 2023. Este aumento ha generado preocupación entre los prestadores de servicios de salud, ya que la cartera morosa ha crecido más de 2 billones de pesos en solo seis meses.
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El informe de la ACHC, que representa a 225 instituciones de salud, destaca que la tasa de morosidad también ha experimentado un incremento, pasando del 54% al 55%. Las EPS (Entidades Promotoras de Salud), especialmente las del Régimen Contributivo, son responsables de una gran parte de esta deuda. Las EPS del Régimen Contributivo deben 9,4 billones de pesos, mientras que las del Régimen Subsidiado suman 4,7 billones.
Un aspecto crítico del informe es la concentración de la deuda en ciertas EPS. Nueve de estas entidades, que están intervenidas o bajo vigilancia especial, representan el 69,1% de la deuda total, con una cartera morosa a 60 días de 4,2 billones de pesos. Esta situación genera inquietud entre los prestadores de servicios de salud, quienes dependen de los pagos oportunos para mantener sus operaciones.
“En este grupo las EPS con la concentración de cartera morosa más alta son: Capresoca y Asmet Salud, con el 76,2% y 74,8% respectivamente, seguidas por Emssanar con el 65,0%, Dusakawi (62,5%) y Famisanar con el 53,4%. A continuación, se encuentran Nueva EPS y S.O.S. con una cartera morosa del 53,0% y 47,3% respectivamente”, se lee en el documento.
La ACHC ha alertado sobre las implicaciones de este aumento en la deuda, ya que podría afectar la calidad y continuidad de los servicios de salud en el país. La organización ha instado a las autoridades a tomar medidas para garantizar que las EPS cumplan con sus obligaciones financieras y así evitar un colapso en el sistema de salud.
Lo anterior ya que La Nueva EPS encabeza la lista de los principales deudores, con una deuda total de 4,2 billones de pesos y una morosidad que supera los 2 billones, lo que equivale al 53% de su deuda en mora. Le siguen Medimás, actualmente en liquidación, y EPS Sanitas, con deudas de 579 mil millones y 486,3 mil millones de pesos, respectivamente. La situación financiera de estas entidades pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud para millones de afiliados, informó la Achc.
El director general de la Achc Juan Carlos Giraldo Valencia, ha instado al Ministerio de Salud a tomar acciones inmediatas para garantizar la estabilidad del sistema sanitario. En una carta dirigida a las autoridades, Giraldo Valencia destacó la necesidad de implementar un plan de acción para enfrentar el aumento de la deuda en el sector salud. “Hemos insistido en los contenidos de nuestro plan extraordinario de liquidez, donde se proponen alternativas para mejorar esta situación”, señaló.
A pesar de los esfuerzos realizados con el mecanismo del Giro Directo, la Achc sostiene que este no ha tenido el impacto esperado. La organización sugiere que el Gobierno exija a todas las entidades la postulación completa de los recursos, asegurando que no solo el 80% mínimo, sino también el porcentaje restante, sea movilizado desde las tesorerías de las EPS. Además, propone modificar las prelaciones del Giro Directo para beneficiar a la red hospitalaria independiente, tanto pública como privada, y evitar la concentración de fondos en entidades de integración vertical.
La Achc también ha reiterado la necesidad de implementar el Plan Extraordinario de Liquidez, que incluye medidas como la compra de cartera, nuevas operaciones de crédito a través de Findeter, y la reorientación de recursos provenientes del IVA social. Asimismo, muestra la importancia de liberar reservas técnicas de las EPS en una nueva fase, lo que permitiría a los prestadores de servicios contar con los recursos necesarios para garantizar la atención de los pacientes.
Finalmente, la Achc ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Salud que emita instrucciones claras para continuar los procesos de intervención y asegurar la continuidad del flujo de recursos, especialmente los destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fundamental para la prestación de servicios de salud a la población.