El gobernador de Antioquia respondió a las críticas de Petro sobre inversión: “El Gobierno prometió un acueducto para Urabá, pero no hemos visto avances”

En el marco del XXI Congreso Nacional de Infraestructura, realizado en Cartagena, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la falta de acción del Gobierno nacional en proyectos clave para el departamento.

“Es hacer que las cosas pasen. Pero hoy el Gobierno nacional no prioriza para Antioquia ni lo uno ni lo otro”, afirmó Rendón, al referirse a la inversión en infraestructura vial y en sistemas de agua potable.

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El debate se reavivó tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la asignación de 100 billones de pesos en carreteras frente a la carencia de inversiones similares en acueductos.

Petro reiteró su postura sobre la necesidad de priorizar el acceso al agua potable antes de finalizar grandes proyectos viales, como la vía al Mar en Urabá. Sin embargo, Rendón defendió que es posible avanzar en ambos frentes simultáneamente.

“En marzo, el presidente prometió un acueducto para Urabá, pero hasta ahora no hemos visto avances concretos”, subrayó Rendón en un video compartido en sus redes sociales. Aseguró que, aunque el Gobierno nacional no actúe, Antioquia culminará la vía al Mar y trabajará para llevar agua potable a la región.

Petro, por su parte, destacó avances en proyectos como la doble calzada Medellín-Mar y el Puerto Antioquia, pero criticó el atraso en la vía Medellín-Quibdó, que lleva dos décadas en construcción. Rendón coincidió en la urgencia de completar esta obra, pero instó al gobierno a pasar de las palabras a los hechos.

El intercambio evidencia tensiones entre las autoridades nacionales y locales sobre las prioridades de inversión en Antioquia, un tema crucial para el desarrollo de las comunidades y la equidad regional.

Mientras Petro aboga por proyectos con enfoque social, Rendón enfatiza en la necesidad de avanzar de manera integral en infraestructura vial y servicios básicos.

“Antioquia no puede esperar. Estamos comprometidos a hacer que las cosas pasen, con o sin el apoyo del gobierno nacional”, concluyó el gobernador.

El debate sobre cómo financiar la seguridad en Antioquia ha generado controversia, especialmente tras la propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón Cardona de implementar un impuesto sobre la tarifa de servicios públicos.

Esta medida busca recaudar cerca de un billón de pesos para proyectos de seguridad, pero ha encontrado oposición entre partidos políticos, gremios y líderes locales. En medio de esta situación, el gobernador se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para explorar alternativas de financiamiento.

Durante el encuentro, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de la seguridad como un valor democrático esencial. Sin embargo, Gutiérrez expresó su desacuerdo con la idea de aumentar la tarifa del servicio de energía eléctrica como medio de recaudación.

“No estoy de acuerdo con esa propuesta”, afirmó el alcalde, quien también preside la Junta Directiva de EPM. Según Gutiérrez, la empresa ya ha manifestado su postura jurídica en contra de dicha medida.

Por otro lado, la Asamblea de Antioquia detuvo el primer debate sobre la tasa a los servicios públicos, en medio de acusaciones de conflicto de intereses.

El proyecto, presentado el 8 de noviembre ante la Asamblea Departamental, propone recaudar fondos a través de un impuesto sobre los servicios públicos, específicamente la luz y el agua, para invertir en tecnología y equipamiento para las fuerzas de seguridad.

Según el gobernador Rendón, esta medida es necesaria debido al abandono de la Nación en temas de inversión en seguridad. La propuesta ha sido criticada por el presidente Petro, quien la calificó de regresiva, argumentando que afectaría a los más pobres y trabajadores de Antioquia.

El diputado Luis Peláez presentó un documento alegando que sus colegas Luis Gabriel Gómez Grisales y Carlos Humberto García Velázquez podrían estar impedidos debido a donaciones recibidas por el Centro Democrático de una empresa cervecera. Este recurso será evaluado por la Comisión de Ética de la Asamblea.

La situación refleja las tensiones políticas y económicas en torno a la financiación de la seguridad en el departamento, un tema que sigue siendo prioritario para las autoridades locales.