Dieb Maloof Cuse, exsenador colombiano, será indemnizado tras una detención que sufrió en 2015, según un fallo emitido por el Consejo de Estado.
La decisión se tomó después de que se determinara que su arresto, vinculado a un caso de homicidio, fue injusto y causó un daño antijurídico. El caso, que inicialmente lo relacionaba con el asesinato del alcalde de Santo Tomás, Atlántico, Nelson Ricardo Mejía, fue finalmente precluido a su favor.
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El 25 de febrero de 2015, Maloof fue arrestado en Barranquilla bajo acusaciones de haber ordenado el homicidio de Mejía. En ese momento, la Fiscalía 12 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario le impuso una medida de aseguramiento por homicidio agravado.
Sin embargo, su defensa argumentó irregularidades en la orden de detención, lo que llevó al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla a concederle la libertad el 24 de abril de 2015.
A pesar de que la Fiscalía intentó nuevamente imponer una medida de aseguramiento el 30 de julio de 2015, Maloof salió del país y apeló la decisión. Finalmente, el 23 de diciembre de ese año, la Fiscalía 56 delegada ante el Tribunal de Bogotá revocó la acusación y precluyó el caso. Maloof regresó a Colombia seis días después, ya sin investigaciones en su contra.
En 2018, Maloof demandó a la nación, argumentando que su detención fue injusta y solicitando una indemnización. El Consejo de Estado falló a su favor, desestimando los argumentos de la Fiscalía que defendía la legalidad de la detención basándose en las evidencias disponibles en ese momento. El fallo reconoció que la detención preventiva en un centro hospitalario durante casi dos meses constituyó un daño antijurídico.
El Consejo de Estado determinó que Maloof y su familia recibirán una indemnización por perjuicios morales, equivalente a 4,90 salarios mínimos legales vigentes para él y 20,58 salarios mínimos para distribuir entre diez familiares, sumando aproximadamente 33 millones de pesos. Aunque Maloof esperaba una compensación mayor, el tribunal no concedió todas sus pretensiones.
“Así las cosas, Dieb Nicolás Maloof Cuse sufrió un daño antijurídico, vio injustamente sacrificado su derecho a la libertad, un daño que no estaba en el deber de soportar, tal como se dijo en el control de legalidad de la providencia que impuso la medida de aseguramiento, y, por ello, ordenó su libertad inmediata. Por lo anterior, se configuró una falla en el servicio”, dice el fallo del Consejo de Estado.
El caso de Maloof se da en un contexto más amplio de acusaciones de parapolítica en Colombia, donde fue el primer senador condenado por vínculos con grupos paramilitares, específicamente con Jorge 40.
La medida de aseguramiento inicial contra Maloof se basaba en la supuesta participación del frente José Pablo Díaz de las autodefensas en el crimen de Mejía, quien se habría resistido a presiones para desviar fondos de salud del municipio.
El fallo del Consejo de Estado resaltó la importancia de respetar los derechos fundamentales y las garantías procesales, destacando que Maloof sufrió un sacrificio injusto de su libertad. La decisión también resalta la necesidad de un control judicial riguroso sobre las medidas de aseguramiento para evitar detenciones arbitrarias.
Dieb Maloof y sus nexos con la parapolítica
En 2012, Mario Marenco Egea, conocido como ‘El Gordo’, reveló ante la Corte Suprema de Justicia que Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′, y sus colaboradores planearon mantener vínculos con políticos de la Costa Caribe durante la desmovilización paramilitar, con miras a las elecciones al Congreso de 2006.
Entre los implicados en este plan se encontraba el exsenador Dieb Maloof, que se convirtió en el primer senador condenado por parapolítica en Colombia.
El Juzgado Único Especializado de Santa Marta sentenció a Maloof por delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector y fraude electoral. Maloof renunció a su fuero parlamentario y aceptó una sentencia anticipada, lo que le permitió una reducción de un tercio de su pena.
Según la revista Semana, durante el juicio, Maloof no pudo justificar la aparición de su nombre en documentos del computador de ‘Jorge 40′, confiscado a Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’.
Uno de los documentos que comprometía a Maloof era un chat que mencionaba: “Hay que respetarle a Dieb dos municipios que él tiene allá en Bolívar. Él se sentó conmigo en el apartamento de ‘Gonzalo’. Yo le dije que con mucho gusto, que no había problema, usted es senador, usted es amigo y lo que yo pueda hacer por usted, no tenga duda…”. Este mensaje evidenciaba la relación entre el excongresista y los paramilitares.
Además, el testimonio de José Alberto Pérez, miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue crucial en el caso. Pérez afirmó haber asistido a reuniones donde Maloof recibió apoyo en votos y dinero para su campaña. Estas pruebas consolidaron la condena del exsenador, marcando un precedente en la lucha contra la parapolítica en el país.
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