Tras la difusión de información preliminar relacionada con el informe que prepara la interventoría de Air-e, liderada por Edwin Palma, los accionistas de la compañía emitieron un comunicado rechazando las acusaciones por supuestos malos manejos administrativos, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana W Radio.
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En el comunicado, calificaron la información revelada como “tendenciosa” y afirmaron que no existen pruebas que sustenten dichas afirmaciones.
Según indicaron, los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) han sido sometidos a auditorías mensuales por parte del Ministerio de Minas y Energía, además de estar bajo la supervisión de la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos, que realizó 12 visitas técnicas a las obras ejecutadas.
Los accionistas también señalaron que lo reportado como “hallazgos” ya había sido informado previamente a las autoridades correspondientes. Alegaron que las dificultades en ciertos proyectos se debieron a factores externos, como problemas sociales ampliamente documentados, así como al aumento de los costos de materiales y mano de obra.
En 2023, la empresa habría solicitado la terminación anticipada de algunos contratos y la devolución de los recursos no ejecutados al Ministerio de Minas.
Sobre este punto, aclararon: “Los recursos mencionados, aproximadamente 70 mil millones de pesos, no se encuentran ‘perdidos’ ni en riesgo. Estos fondos están en una fiducia y ya será decisión del interventor si los devuelve al ministerio o procede con las obras”.
Respecto al avance de los proyectos en curso, aseguraron que estos presentan un progreso de entre el 40% y el 83%. Asimismo, destacaron que el primer agente interventor tuvo la facultad de devolver los recursos al ministerio en su momento, conforme a las directrices recibidas.
Finalmente, los accionistas informaron que un equipo jurídico presentará un derecho de petición al agente especial para obtener los soportes del informe que se encuentra en elaboración. Con esta acción, buscan garantizar transparencia y responder a los cuestionamientos planteados.
Aumento en el nivel de embalses redujo riesgo de apagón en Colombia
El Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Colombia experimentó una mejora significativa en sus reservas hídricas, lo que permitió que el estado de riesgo de desabastecimiento eléctrico se reduzca a un estado de vigilancia.
Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el nivel de los embalses alcanzó un 65,79% el 21 de noviembre, lo que ha sido clave para esta transición.
La Creg informó que, gracias a la mejora en los aportes hídricos, se desactivó el estatuto de desabastecimiento eléctrico que estaba en vigor desde octubre. Este cambio fue posible tras una evaluación realizada por XM, el operador del sistema, que confirmó el aumento sostenido en los niveles de los embalses durante los últimos 12 días.
Durante el periodo en que el estatuto estuvo activo, se implementaron varias medidas para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico. Estas incluyeron ajustes en las ofertas de las plantas hidráulicas y la adopción de mecanismos transitorios de respuesta a la demanda.
“Durante el periodo de aplicación del estatuto, activado mediante la circular Creg 072 de 2024, se implementó un mecanismo de ajuste de las ofertas de las plantas hidráulicas para mejorar el embalsamiento. Asimismo, se adoptaron medidas complementarias, como el mecanismo transitorio de respuesta a la demanda, la entrega de excedentes de energía por parte de los autogeneradores y la promoción de contratos de largo plazo, con el objetivo de estabilizar las tarifas de energía”, dice el comunicado de la Creg.
Además, se promovieron contratos de largo plazo y se incentivó la entrega de excedentes de energía por parte de los autogeneradores, con el objetivo de estabilizar las tarifas de energía.
La Creg destacó que, aunque se desactivó el estatuto, el seguimiento de los niveles de los embalses continuará de manera semanal. Este monitoreo constante permitirá tomar decisiones oportunas si se detectan nuevas tendencias que puedan afectar la estabilidad del sistema eléctrico.