Tremendo recorte en el presupuesto que aprobó el Gobierno Petro para el 2025: tendrán que quitar más de $28 billones

El Gobierno nacional de Colombia anunció un recorte presupuestal de $28,4 billones para 2025, una medida clave para enfrentar el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Este ajuste, aprobado durante el reciente consejo de ministros, responde a la caída en el recaudo tributario y a la necesidad de cumplir con la Regla Fiscal.

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Aunque inicialmente el presidente Gustavo Petro consideró un recorte de $33 billones, diversas circunstancias llevaron a reducir esta meta. Del monto ajustado, $20 billones ya habían sido congelados desde junio, mientras que el resto será formalizado en un decreto próximo a emitirse.

No obstante, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advierte que el déficit podría requerir ajustes adicionales, estimados en $31 billones más.

El recorte busca equilibrar prioridades sociales y restricciones fiscales, destinando recursos a sectores críticos. Se asignaron $1,7 billones para atender la emergencia invernal, $500.000 millones a programas de alimentación infantil, $1 billón para la gratuidad en educación superior y $1,3 billones para la Renta Ciudadana del Departamento de Prosperidad Social.

Adicionalmente, el Gobierno analiza la pérdida de apropiación como herramienta fiscal. Este mecanismo permite que los fondos no ejecutados antes del 31 de diciembre se destinen automáticamente al ajuste presupuestario.

Por ejemplo, en el sector educativo, permanecen sin comprometer $800.000 millones destinados a infraestructura de educación superior pública.

Ricardo Bonilla ha anunciado que el presupuesto para el año 2024 incluirá recortes en varios ministerios clave. Según el funcionario, los ministerios de Transporte, Vivienda, Agricultura, Minas y Energía serán los afectados por estas reducciones presupuestarias.

Sin embargo, Bonilla aseguró que estos ajustes no impactarán en los subsidios destinados a cada uno de estos sectores.

A pesar de que se han destinado recursos a prioridades sociales, como la emergencia invernal, la alimentación infantil y la gratuidad en la educación superior, el Icetex ha sufrido una drástica reducción de su presupuesto, pasando de 1,2 billones de pesos a 859 mil millones de pesos, lo que representa una disminución del 33% para el próximo año.

Este recorte ha generado una fuerte reacción en el Congreso, donde más de 70 parlamentarios, liderados por la congresista Catherine Juvinao, han solicitado al Gobierno que restablezca los fondos necesarios para evitar que cerca de 330.000 estudiantes se queden sin acceso al crédito para continuar sus estudios.

La crisis financiera del Icetex es aún más grave si se considera que la cartera vencida de la entidad supera en 20 veces los niveles habituales, lo que agrava su capacidad para cumplir con sus compromisos y para asegurar la continuidad de los programas de manutención estudiantil.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, ha defendido que no existe una crisis en el Icetex y que no es responsable de la situación financiera de la entidad, a pesar de ser el presidente de su junta directiva.

Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de los sectores educativos, que consideran que el recorte presupuestal es una amenaza directa al derecho a la educación superior.

Por otro lado, el proceso legislativo del presupuesto de 2025 ha sido complejo. Por primera vez en la historia reciente, las comisiones económicas del Congreso han rechazado el proyecto, lo que obligará al Gobierno a emitirlo por decreto.

Esta situación refleja las tensiones políticas y las dificultades para encontrar un consenso en torno a cómo manejar el déficit fiscal y las necesidades sociales, especialmente en un contexto de creciente incertidumbre económica.

En medio de estos desafíos, el Gobierno también está evaluando otras medidas fiscales, como la pérdida de apropiación de fondos no ejecutados antes del 31 de diciembre, como parte del ajuste fiscal.

Sin embargo, la situación del Icetex continúa siendo un tema central de debate, ya que su crisis amenaza con afectar a miles de estudiantes colombianos, poniendo en riesgo el acceso a la educación superior en el país. La situación sigue siendo incierta, mientras se esperan nuevas medidas y soluciones por parte del Ejecutivo y el Congreso.