La reforma política impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa avanzando en el Congreso de la República.
El proyecto, que ya superó dos debates, está próximo a recibir el aval de la Comisión Primera del Senado. Para seguir su curso, deberá ser aprobado en cuatro de los ocho debates requeridos antes del 16 de diciembre.
Uno de los puntos más controvertidos de esta reforma es la eliminación de las candidaturas por firmas y los movimientos significativos de ciudadanos, lo que supondría la modificación de varios artículos de la Constitución.
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Este mecanismo, creado para permitir la participación política de sectores independientes y pequeños, ha sido clave para personas que no están afiliadas a partidos tradicionales. Sin embargo, según el gobierno, su uso ha derivado en abusos, como personalismo, fragmentación política y el inicio anticipado de campañas.
De aprobarse la reforma, las elecciones territoriales de 2027 no contarán con esta figura, lo que ha generado críticas de sectores que consideran que se limita la participación democrática. Entre los opositores está el senador David Luna, quien calificó la propuesta como un retroceso.
Este debate cobra relevancia ante la reciente decisión de precandidatos presidenciales para 2026, como la periodista Vicky Dávila y el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, de lanzarse a través de firmas.
Este método consiste en recolectar apoyos ciudadanos mediante la presentación de un número mínimo de firmas validadas por la Registraduría Nacional, lo que permite postularse sin el respaldo de partidos políticos.
La reforma, liderada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, busca eliminar esta figura argumentando que ha debilitado los partidos y fomentado candidaturas personalistas. No obstante, sectores críticos insisten en que esta medida podría reducir la pluralidad y limitar la representación de ciudadanos independientes en el sistema político.
Otros cambios que traerá la reforma política
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior de Colombia, ha enfatizado la necesidad de una reforma política en el país, argumentando que fenómenos como la falta de control, escándalos de corrupción y la financiación exorbitante de campañas hacen imperativa esta medida.
La reforma, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, busca introducir cambios significativos en el sistema electoral, incluyendo la financiación de campañas y la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Uno de los cambios más destacados es la modificación en la financiación de las campañas políticas. Inicialmente, se había propuesto que la financiación fuera completamente estatal, pero el nuevo texto permite nuevamente contribuciones privadas para campañas presidenciales y legislativas.
Según el artículo 3, la financiación será “parcialmente con recursos estatales”, y los topes de gastos y contribuciones privadas estarán regulados por ley. Además, se eliminó una cláusula que prohibía a las campañas entregar dádivas o contratar transporte de votantes, lo que había generado críticas por su impacto en zonas de difícil acceso.
En cuanto a la elección de los magistrados del CNE, la propuesta original sugería que las altas cortes los eligieran mediante una convocatoria pública. Sin embargo, en los debates iniciales, se incluyó nuevamente al Congreso en el proceso. La fórmula combinada actual establece que el Congreso elegirá a los magistrados, pero las altas cortes presentarán tres ternas para los nueve cargos disponibles.
La reforma también mantiene las sanciones a los partidos cuyos candidatos sean condenados durante el periodo al que aspiraron, independientemente de si fueron elegidos. No obstante, se aclara que esto aplicará solo si los delitos fueron cometidos antes de la expedición del aval.
El proyecto de reforma política enfrenta un plazo ajustado, ya que debe ser aprobado en cuarto debate y conciliado antes del 16 de diciembre. De no lograrse, no podrá debatirse en su segunda vuelta, dado que se trata de una reforma constitucional.
El debate sobre la reforma se centra en cómo estas modificaciones influirán en el sistema electoral y la confianza en las instituciones democráticas del país. La reforma también incluye la propuesta de listas cerradas con paridad de género y la implementación de elecciones primarias para elegir a los miembros de las convocatorias, lo que se ha denominado “democracia interna”.
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