JEP pidió al director del Centro Democrático que los miembros de su partido no “revictimicen” a las víctimas de falsos positivos

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, hizo un llamado al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, para que instruya a los miembros de su partido a abstenerse de realizar afirmaciones que puedan revictimizar a las víctimas de los denominados falsos positivos.

Ramelli exhortó a Vallejo a impartir las directrices necesarias dentro de su colectividad política para evitar señalamientos que impliquen una revictimización de quienes padecieron de este flagelo durante el conflicto armado.

Anteriormente, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, había enviado una carta a la JEP en la que le había pedido a la Corte que no hagan generalizaciones precisamente con respecto a los falsos positivos.

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De hecho con respecto a la carta que envió la colectividad, la JEP comenzó diciendo que: “Reciba un cordial saludo. Agradecemos su comunicación sobre la labor judicial que la magistratura ha adelantado respecto de la investigación de los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Nos complace saber que Usted y el partido que dirige, así como nosotros, consideran que se trata de crímenes de la mayor gravedad, que han marcado la historia del país y que nos une el compromiso por la no repetición”.

La JEP se mostró complacida porque el Centro Democrático reconoce el devastador impacto que tuvieron los falsos positivos en las víctimas, sus familias, comunidades, territorios y en la credibilidad de las instituciones encargadas de protegerlos. Resaltó además que, tal como señaló el partido, no se trata de una cuestión numérica, pues ni un solo crimen de Estado debió ocurrir.

“Nos satisface también saber que su partido reconoce el impacto devastador de estas graves violaciones a los derechos humanos en la vida de las víctimas, sus familias, comunidades y territorios, así como en la credibilidad de las instituciones que estaban llamadas a protegerlos. Como bien lo señala, no se trata de una cuestión de cifras, por cuanto jamás debió ocurrir un solo crimen de Estado”, se lee en la carta firmada por Alejandro Ramelli.

De igual manera el presidente de la JEP hizo un llamado enfatizando la importancia de que los partidos políticos impartan directrices claras a sus miembros, especialmente a quienes ejercen cargos de representación popular, para que se abstengan de incurrir en actos que puedan revictimizar a las víctimas.

“En tal sentido, es importante que los partidos políticos impartan directrices claras a sus integrantes, en especial, aquellos que ejercen cargos de representación popular, a efectos de que se abstengan de incurrir en actos revictimizantes”, se lee en el texto.

La JEP tambien comentó en la carta lo siguiente: “Sobre sus preocupaciones queremos señalar que las afirmaciones realizadas por la magistratura no son meras opiniones, sino afirmaciones que explican a la opinión pública las determinaciones judiciales que esta Jurisdicción Especial para la Paz ha tomado en seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas por los cuales se han imputado 102 máximos responsables como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate en los 2 departamentos de Norte de Santander, Cesar, Casanare, Huila y Antioquia, en el marco del macro caso 03″.

Por su parte, en la carta del Centro Democrático afirmaron que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se adoptaron acciones decisivas y bien definidas para evitar, investigar y castigar las infracciones a los derechos humanos.

El documento de la colectividad también desmintió que durante el gobierno mencionado se utilizara o adoptara el concepto de “conteo de cuerpos” como política. En cambio, este término fue empleado en administraciones posteriores.

De igual manera en la carta del Centro Democrático dijeron lo siguiente: “las afirmaciones que sugieren la existencia de una ‘política estatal de conteo de cuerpos’ carecen de sustento documental y contradicen los esfuerzos del gobierno nacional por exigir resultados basados en la transparencia y la legalidad”.