Entre octubre y noviembre de 2024, el impacto de las fuertes lluvias asociadas a la ola invernal ha sido devastador en Colombia, particularmente en los departamentos de Chocó y La Guajira.
Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) conocido por la emisora Blu Radio, las emergencias climáticas han afectado a más de 383.300 personas y cerca de 76.600 familias distribuidas en 36 municipios.
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Las comunidades étnicas han sido especialmente vulnerables debido a condiciones socioeconómicas que agravan los efectos de las inundaciones. Los problemas más urgentes incluyen la pérdida de cultivos esenciales y la falta de agua potable, lo que intensifica la inseguridad alimentaria y las amenazas de salud pública.
Expertos y autoridades han señalado la necesidad de reforzar programas de Seguridad Alimentaria y Nutrición, así como de Agua, Saneamiento e Higiene, para prevenir brotes de enfermedades y asegurar recursos vitales.
En el departamento del Chocó, la crisis climática coincide con un contexto de violencia armada, lo que dificulta el acceso de las ayudas a las comunidades afectadas. En La Guajira, las dificultades no son menores; personas indocumentadas enfrentan barreras para acceder a los servicios de emergencia, mientras que se reporta un incremento preocupante en casos de violencia basada en género, particularmente contra mujeres y niñas. “La crisis requiere acciones integrales que aborden estos desafíos múltiples”, enfatizan las organizaciones humanitarias.
Adicionalmente, miles de familias desplazadas enfrentan carencias graves, como la falta de refugios adecuados. Esto también ha provocado la suspensión de actividades escolares, dejando a numerosos niños y jóvenes fuera del sistema educativo, lo que pone en riesgo su desarrollo.
Las condiciones adversas no se limitan a los damnificados; los equipos de emergencia encuentran obstáculos significativos debido a la falta de infraestructura y las restricciones de movilidad, retrasando la entrega de asistencia.
“La pérdida de cultivos ha dejado a muchas familias sin sustento y la carencia de agua potable aumenta el riesgo de enfermedades”, advierte el informe de la OCHA. Estas emergencias no solo afectan el presente, sino que plantean retos de largo plazo, especialmente para los sectores más vulnerables.
El informe concluye con un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad internacional para coordinar respuestas que incluyan ayuda inmediata, apoyo logístico y medidas preventivas. Es esencial que se prioricen recursos para garantizar la continuidad de la educación, la seguridad de las mujeres y la protección de las comunidades étnicas, cuya supervivencia depende de acciones oportunas y efectivas.