Exparamilitar ‘Comandante Barbie’ busca recuperar finca entregada a víctimas: la disputa por “La América”

En el corazón del Cesar, un predio con una historia marcada por la violencia y el conflicto armado se encuentra nuevamente en el ojo del huracán.

La finca La América, de 1.453 hectáreas y un valor aproximado de 26.000 millones de pesos, ha sido objeto de múltiples disputas legales que ponen de manifiesto las tensiones entre los intereses privados y la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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Hace solo unas semanas, el presidente Gustavo Petro y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, encabezaron la entrega formal de este predio a organizaciones campesinas y víctimas de la violencia en Chimichagua, Cesar.

Aunque este avance, celebrado como un paso hacia la reforma agraria y la justicia, enfrenta un nuevo obstáculo: Hugues Manuel Fuentes Rodríguez, alias ‘Comandante Barbie’, ha reactivado su lucha legal para recuperar el control de la finca.

La finca La América tiene un pasado oscuro, que refleja la historia de violencia y despojo que han sufrido vastas regiones del país. El predio, localizado en la vereda Perete, ha pasado por manos de varios actores involucrados en el conflicto armado.

Entre ellos se encuentra José Guillermo Hernández, alias ‘Ñeñe Hernández’, un finquero vinculado al narcotráfico, seguido por Jaime Blanco Maya, condenado por el asesinato de sindicalistas de la Drummond y aliado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Finalmente, en 2004 llegó a manos de Hugues Manuel Fuentes Rodríguez, jefe paramilitar conocido como ‘Comandante Barbie’.

Durante años, La América fue escenario de reuniones de líderes paramilitares del Bloque Norte, como Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′.

En 2007, tras confesiones de desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, el Estado incautó la finca como parte de los bienes destinados a reparar a las víctimas del conflicto.

Pese a los antecedentes que vinculan a Fuentes Rodríguez con el paramilitarismo, este insiste en que la finca fue adquirida legalmente y ha interpuesto una nueva demanda para que le sea devuelta. En un documento admitido por la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, el exparamilitar, su esposa y sus hijos argumentan que son “terceros de buena fe” y niegan cualquier relación directa con las actividades delictivas de las AUC.

Esta es la segunda vez que Fuentes intenta frenar la entrega de La América a las víctimas. En febrero de 2023, una demanda previa fue rechazada por el mismo tribunal, que además ordenó investigar a funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por presuntas irregularidades en la administración del predio.

En esta ocasión, la defensa del exparamilitar está a cargo de Ana Fenney Ospina, exdirectora de Justicia Transicional de la Fiscalía, quien ahora representa sus intereses. Fuentes Rodríguez, condenado en 2007 por concierto para delinquir agravado, sostiene que no fue miembro ni colaborador de los grupos paramilitares, a pesar de las pruebas que demuestran lo contrario.

La Agencia Nacional de Tierras, que recientemente adquirió el predio por 16.729 millones de pesos, asegura que la transacción es irreversible. Según el director de la entidad, Felipe Harman, la finca ya fue adjudicada al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), y cualquier decisión judicial solo determinará el destino de los recursos pagados, sin afectar la entrega a los campesinos.

Así las cosas, el proceso sigue siendo complejo. Las organizaciones beneficiarias han expresado temor por posibles represalias, dado el historial violento de los anteriores ocupantes del predio. Mientras tanto, la SAE, encargada de custodiar la finca durante su proceso de extinción de dominio, no ha emitido declaraciones frente a esta nueva demanda.

La disputa por La América trasciende lo legal y adquiere un carácter simbólico en el contexto de la implementación de la reforma agraria, uno de los compromisos más rezagados del Acuerdo de Paz de 2016.

El próximo capítulo de esta controversia se escribirá el 25 de marzo de 2025, cuando está programada una audiencia clave en la Sala de Justicia y Paz. Hasta entonces, La América seguirá siendo un terreno disputado, donde convergen las esperanzas de las víctimas, las luchas del pasado y las aspiraciones de un futuro más justo para los campesinos de Colombia.