“Exigía litros de sangre”: así fue la “severa” política de conteo de cuerpos del general (r) Mario Montoya

En agosto de 2023, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe, señalado de estar involucrado en decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’. Se le atribuyen 130 asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas entre 2002 y 2003, cuando ejercía como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional en Medellín (Antioquia).

De acuerdo con la JEP, el general retirado mintió sobre el número de bajas que presentaba de manera oficial, encubrió casos en los que hubo exceso de fuerza por parte de los uniformados y presionó a militares que estaban bajo su mando para que presentaran resultados. Asimismo, empleó un lenguaje que incitaba al “derramamiento de sangre” y ordenó que las capturas que se lograban no fueran reportadas porque las consideraba “resultados operacionales indeseados”.

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Debido al material que está en poder de la JEP, que probaría que el exmilitar estuvo involucrado en los asesinatos de civiles, Estados Unidos decidió prohibir su ingreso al territorio, medida que se extiende a su familia.

“Existen pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia”, explicó el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, en un comunicado.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, asegurando que la política de seguridad democrática implementada en esos años, en los que Álvaro Uribe fue presidente, terminó siendo una violación de derechos humanos sistemática. “Desplazó millones de personas y mató a miles de jóvenes inocentes, que ensució el uniforme militar y que hoy, construyendo un ejército respetuoso de la ciudadanía y de la Constitución, volvemos a dignificar. Que nunca más una arma pública se voltee contra el pueblo”, indicó.

Según detalló la magistrada Catalina Díaz, ponente del caso de Montoya en la JEP, el general (r) implementó una “severa” política de conteo de cuerpos, lo que quiere decir que el único indicador que evidenciaba el éxito de los militares era mostrar, con números, que habían dado de baja a guerrilleros en combate. La exigencia de resultados se convirtió en algo recurrente en Montoya.

“Se obsesionó con el conteo de los cuerpos, diariamente presionaba de una manera muy severa a los comandantes de batallón, de compañías y de contraguerrillas, por los muertos, despreciando, al mismo tiempo, las capturas como resultados operacionales”, indicó la magistrada, en conversación con El Tiempo.

Además, las investigaciones en su contra demostraron que pedía a sus subalternos, de manera explícita, que se dedicaran a matar. “Exigía, presionaba por litros de sangre, chorros de sangre, carrotancados de sangre, barriles de sangre”, precisó.

Las exigencias iban acompañadas con todo tipo de bonificaciones, planes vacacionales, reconocimientos, promociones y comisiones en el exterior para todos aquellos que cumplieran con los resultados esperados. Los militares que no cumplían, por el contrario, eran amenazados con salir del Ejército, recibían insultos, burlas y eran blanco de degradaciones.

“Se aceptaba que estas bajas se presentaran como N.N., quemaban sus documentos de identidad, los extraviaban. Fue una estrategia criminal”, precisó.

Se sabe que las decenas de personas que fueron asesinadas y desaparecidas bajo su comandancia eran civiles y que él, como líder de la IV Brigada, tenía pleno conocimiento de que no eran guerrilleros. De hecho, de acuerdo con la magistrada, en una ocasión presentó en una rueda de prensa a varios civiles, entre ellos una menor de edad, asegurando que eran actores armados.