Escándalo en Bucaramanga: desaparecen 27.000 luminarias y otros bienes públicos por más de $23.000 millones

La Contraloría de Bucaramanga reveló un alarmante informe tras realizar una auditoría a las bodegas de la Alcaldía, en el cual se denunció la presunta desaparición de una significativa cantidad de luminarias y otros elementos relacionados con el alumbrado público. Según las primeras estimaciones realizadas por el ente de control, el daño fiscal asociado a este caso podría superar los 23.000 millones de pesos, lo que desató un escándalo que involucra a diferentes actores y períodos administrativos.

Todo comenzó el 23 de mayo de 2024, cuando la Contraloría recibió una denuncia formal que advertía sobre actividades irregulares en las oficinas de alumbrado público. El texto de la denuncia afirmó: “Se están sacando los materiales de uso reciclable o deterioro para personas ajenas a la entidad desde las oficinas de alumbrado público”. Esta declaración levantó sospechas que motivaron la intervención de un equipo especializado, encargado de auditar las bodegas municipales.

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Durante la investigación, los auditores descubrieron inconsistencias significativas y hechos que calificaron como graves. Entre los elementos faltantes se identificaron 760 postes, 27.102 luminarias, 431 reflectores, 10.074 brazos y un transformador. Estos bienes, según el informe, estaban valorados en más de 21.722 millones de pesos. La Contraloría señaló que estos elementos habrían desaparecido entre 2018 y 2023, basándose en los registros de devoluciones realizadas por los contratistas a las bodegas municipales denominadas La Hormiga y Villas de San Ignacio.

Así mismo, el informe reveló serias irregularidades relacionadas con la desaparición de bienes públicos almacenados en las bodegas municipales de Bucaramanga. En particular, en la bodega conocida como Villas de San Ignacio, entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2024, se reportó la pérdida de una cantidad considerable de materiales, sin que existiera servicio de vigilancia durante ese periodo.

En el caso de la bodega de La Hormiga, un vigilante aseguró que las órdenes de retiro de materiales eran emitidas vía telefónica por Edgardo Rodríguez Herrera, quien ejercía como coordinador de Alumbrado Público. Sin embargo, lo que resulta particularmente grave es que Rodríguez Herrera comenzó a dar estas instrucciones desde el 6 de febrero de 2024, pese a no tener un vínculo laboral con la administración hasta su oficialización el 20 de febrero, fecha en la que fue contratado formalmente. A partir del 21 de febrero inició funciones, pero ya para entonces había estado gestionando retiros de bienes sin autorización contractual previa.

Las órdenes, según lo indicado en el informe, no se limitaban únicamente a Rodríguez Herrera. En una declaración registrada por la Contraloría, un contratista afirmó que estas directrices venían de figuras de alto nivel dentro de la administración municipal, incluyendo a un familiar del alcalde. Este testimonio fue contundente, señalando: “Añade el contratista que recibió órdenes por parte de altos funcionarios de la administración, e incluso de una persona familiar del alcalde, para ordenar el retiro”.

Otro punto crítico en esta trama fue la participación de Carlos Julio Fajardo, un conductor identificado como el encargado de sacar los materiales de las bodegas. Según el informe, Fajardo no tenía ningún vínculo laboral o contractual con la Alcaldía, lo que levanta sospechas sobre la permisividad con la que operaba dentro de estas instalaciones.

Ante esta situación, la Contraloría decidió remitir este caso a la Fiscalía General de la Nación para que se iniciaran las investigaciones correspondientes y se esclarecieran los hechos relacionados con la desaparición de bienes públicos. El proceso incluiría un análisis sobre las posibles responsabilidades fiscales y disciplinarias que podrían recaer sobre diversas figuras públicas, entre ellas el actual alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, el exalcalde Juan Carlos Cárdenas y varios funcionarios de la administración municipal.

En medio de la controversia, el alcalde Jaime Andrés Beltrán se pronunció para aclarar su posición frente a estos señalamientos. Con firmeza, negó haber autorizado cualquier movimiento de bienes desde las bodegas municipales y expresó su apoyo a las investigaciones que buscan identificar a los responsables. Durante su declaración, enfatizó que quienes hayan incurrido en actos irregulares deberán enfrentar las consecuencias legales sin excepciones. “Como alcalde de Bucaramanga, no he autorizado la extracción de bienes muebles de la administración municipal. Si alguien es responsable de actos irregulares, debe responder ante la justicia con todo el peso de la ley”, afirmó Beltrán.