La defensa del procesado aseguró que no es posible inferir que Andrés Camilo Sotelo fue el responsable de causarle la muerte al joven Juan Felipe Rincón, porque hay hechos que se presentaron en el sitio del crimen que todavía siguen sin tener respuesta. Entre ellos está el actuar de las personas que estuvieron en el lugar: pretendieron linchar al escolta de la víctima, Sergio Felipe Rico.
“¿Qué estaría haciendo tan mal el policía, que la comunidad quería reaccionar bajo esta conducta? (...) Sí es un hecho indicador que debe, por lo menos, centrar la atención del ente de persecución penal, porque ni que la comunidad estuviese plagada de orates que simplemente atacan como turbas enardecidas a funcionarios de Policía”, indicó el abogado Saúl León.
De acuerdo con el abogado que representa los intereses de Andrés Camilo Sotelo, la petición del delgado de la Fiscalía de que su cliente sea cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario no cumplo con los requisitos constitucionales, convencionales y legales. Por tanto, indicó que se opone a ella.
Según detalló, los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía no solo son insuficientes, sino que no se materializan.
“Estos elementos materiales probatorios no están acreditando la inferencia razonable de autoría o de participación de mi prohijado, sino que lo que están haciendo es, de forma incluso directa, haciendo ver que la persona que ha generado los disparos, y la persona que estuvo directamente vinculada con el homicidio, no fue mi prohijado, sino el policía identificado como Sergio Felipe Rico Rueda”, explicó la defensa.
La delegada del Ministerio Público Rosa Eugenia Benavides Díaz respaldó la solicitud que hizo el fiscal del caso, Hernando Rozo Zamudio, y pidió al juez que Andrés Camilo Sotelo sea privado de la libertad en un centro de reclusión mientras se llevan a cabo las investigaciones en su contra.
“Evidentemente, no serían suficientes esas medidas no privativas de la libertad en el artículo 307, para efectos de lograr la comparecencia, de cumplir esos fines constitucionales señalados en la norma. Una simple citación, una simple prohibición de salir del país, o la prestación de una caución, o la prohibición de concurrir a ciertos lugares, sin lugar a dudas, no son suficientes”, afirmó la funcionaria.
El fiscal del caso hizo énfasis en la manera predetermina en la que ocurrieron los hechos. Pues, la familia de una de las menores de edad, que presuntamente fue acosada sexualmente por el joven Juan Felipe Rincón, ideó un plan para confrontarlo. Lo citó, de manera engañosa, en el lugar donde se cometió el crimen.
“Que porque una persona esté cometiendo este tipo de actos, en manera alguna, debe permitirnos, avalar, aprobar, o considerar que el habérsele atacado y generado su muerte es válido”, indicó el fiscal.
El fiscal del caso reveló las declaraciones de la funcionaria María Johana Orozco Español, responsable de la elaboración del acta de inspección técnica a cadáver. De acuerdo con el documento que leyó en la audiencia, Sergio Felipe Rico llevaba un año y medio ejerciendo como conductor escolta de Juan Felipe Rincón.
El 24 de noviembre de 2024, día del asesinato, Rico recibió una llamada de su protegido, que la indicó que lo llevara a la carrera 30 con calle 3, en Bogotá, a las 10:00 a. m. Cuando lo recogió, notó que estaba en compañía de una mujer “de unos 20 años” y los llevó.
En el lugar, aparece una mujer que los saluda y, de repente, aparecieron dos sujetos con un perro rottweiler: “Se abalanzan sobre el occiso, el escolta estaba a cinco metros, y al ver que estos sujetos están esculcando y golpeando al occiso, el escolta se va hacia ellos diciendo: ‘Alto, Policía Nacional’”, relató la funcionaria, citada por el fiscal.
Luego, uno de ellos empezó a disparar y, de inmediato, las dos mujeres y el otro hombre empezaron gritar: “¡Violadores!”. Entonces, aparecieron más personas, que empezaron a agredir al joven y a su escolta.
Cabe resaltar que Juan Felipe Rincón habría estado involucrado en la comisión de delitos sexuales contra menores de edad.
El fiscal dio a conocer las declaraciones del un testigo de los hechos: el funcionario de la Policía que hizo presencia en el lugar. Se trata del patrullero Kevin Felipe Ariza, adscrito a la Estación de Policía Rafael Uribe Uribe, que en el informe de captura aseguró que el escolta Sergio Felipe Rico Rueda responsabilizó a Andrés Camilo Sotelo desde el principio.
“El compañero que manifestó ser escolta señala a un ciudadano que vista de chaqueta azul y que era él el que había disparado en contra de su protegido”, afirmó el patrullero en su informe.
El fiscal del caso se refirió a las afirmaciones que han surgido sobre la presunta responsabilidad de Sergio Felipe Rico Rueda, escolta del joven, teniendo en cuenta que se ha dicho que las balas halladas en su cuerpo pertenecen al arma que portaba en su momento el escolta.
“Considero imperioso y necesario hacer esa confrontación en este momento argumentativo, para poder entrar, de plano, a descalificar esas afirmaciones, que serán producto del perfeccionamiento de una investigación en un juicio”, afirmó el fiscal.
El funcionario aseguró que, durante la necropsia, no se encontraron proyectiles en el cuerpo de la víctima. Por tanto, en etapa preliminar, no sería posible establecer que Rico Rueda fue el presunto homicida del joven.
El 27 de noviembre, en la audiencia en la que comparece Andrés Camilo Sotelo, el fiscal del caso, Hernando Rozo Zamudio, pidió al juez que el procesado sea recluido en un centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica.
“Solicito a usted se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad para Andrés Camilo Sotelo Torres (...), estado civil soltero, quien manifiesta laborar como vendedor independiente (...). ”, expresó.
Según detalló el fiscal, la pena mínima por el delito de homicidio es de 33 años de prisión, y la máxima de, 50 años. El segundo delito, el porte ilegal de armas de fuego, implica una pena mínima de nueve años de cárcel.
El 24 de noviembre de 2024, el joven de 21 años Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía Nacional William Rincón, fue asesinado. Los hechos que hoy son materia de investigación tienen dos presuntos responsables: el joven Andrés Camilo Sotelo y el escolta de la víctima; sin embargo, el primero es el único capturado por el crimen.
En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso le imputó cargos por homicidio doloso agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, los cuales no aceptó. Pues, según precisó, es inocente de los delitos que se le endilgan, porque, presuntamente, fue el escolta del joven el que disparó.
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“No. ¿Cómo aceptaré cargos si es que es mi inocencia? Yo soy inocente, yo en ningún momento disparé ninguna arma de fuego”, dijo en la audiencia del 26 de noviembre.