Fracasó primera reunión del Gobierno con indígenas del Cauca: Cric exige respuestas

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) exige respuestas claras al Gobierno nacional de Gustavo Petro tras una reunión fallida que dejó a las comunidades indígenas sin avances en la garantía de sus derechos fundamentales.

Según informó RCN Radio, las autoridades del Cric manifestaron su frustración por la falta de coordinación entre las entidades gubernamentales encargadas de implementar los acuerdos establecidos, especialmente aquellos relacionados con el Decreto 1811, que aborda temas cruciales como tierras, salud, educación y bienestar.

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Durante el encuentro, las autoridades indígenas subrayaron que las promesas del gobierno no se han cumplido, lo que ha perpetuado serias dificultades para las comunidades.

En particular, el Cric denunció la falta de progreso en la entrega de tierras a las comunidades desplazadas por la fuerza, así como el incumplimiento de acuerdos en materia de salud y educación, pilares esenciales para el bienestar de los pueblos indígenas.

La descoordinación entre las entidades gubernamentales ha generado un retraso en los avances necesarios para garantizar los derechos de los pueblos originarios, según las autoridades del Cric.

“Es muy evidente la descoordinación que existe al interior de las entidades para los asuntos de priorización y cumplimiento de acuerdo con nuestra organización y con las comunidades”, declaró un vocero del Cric.

Esta situación ha llevado a un profundo descontento entre las comunidades, que sienten que, a pesar de las múltiples conversaciones, no se ha logrado un compromiso serio por parte del Gobierno para resolver los problemas estructurales que enfrentan.

Ante este panorama, el Cric ha solicitado la presencia de ministros del gobierno nacional en una nueva reunión, con la esperanza de obtener respuestas concretas.

Las autoridades indígenas reiteraron su disposición al diálogo, pero enfatizaron que el tiempo para la inacción ha terminado y que esperan medidas claras para avanzar en la defensa de sus derechos.

El 26 de noviembre de 2024, más de cuatro mil indígenas emberá llegaron a Bogotá buscando soluciones a las problemáticas en sus territorios. Este movimiento masivo refleja la urgencia de visibilizar sus demandas y obtener compromisos efectivos por parte del Gobierno.

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, anunció la creación de una mesa de trabajo con estas comunidades, programada para escuchar sus peticiones y coordinar el apoyo de diversas entidades estatales.

Además, un grupo de 136 autoridades del Cric se encuentra en Bogotá discutiendo el cumplimiento del Decreto 1811, firmado en 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Este decreto busca atender la emergencia social y económica de los pueblos indígenas del Cauca. Sin embargo, las comunidades indígenas han señalado que estos compromisos no se han cumplido de manera efectiva.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, instó al Gobierno Nacional a garantizar condiciones adecuadas para la estadía de la población emberá en la ciudad.

Mientras tanto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha mostrado disposición para atender las solicitudes indígenas. Harman confirmó en la plataforma X que la mesa de trabajo permitirá a las autoridades emberá exponer su pliego de peticiones, con el acompañamiento de varias entidades gubernamentales.

Tanto las comunidades emberá como el Cric han enfatizado que la falta de acción concreta ha profundizado su descontento. Denuncian problemas históricos que incluyen desplazamientos, precariedad en salud y educación, y amenazas a la territorialidad.

Las autoridades indígenas esperan que las mesas de trabajo y los diálogos con el Gobierno resulten en compromisos reales, que incluyan inversiones en áreas clave como territorialidad, medio ambiente, derechos humanos, desarrollo económico y seguridad alimentaria.

La llegada masiva de indígenas a Bogotá y las movilizaciones de los pueblos originarios del Cauca evidencian la urgencia de atender sus demandas. Estas comunidades buscan no solo el cumplimiento de los acuerdos existentes, sino también soluciones integrales que respeten su dignidad y garanticen sus derechos fundamentales.