Consejo de Estado admitió demanda del alcalde Dumek Turbay contra impuesto de valorización en la Vía al Mar

El Consejo de Estado, por medio de su Sala de lo Contencioso Administrativo, admitió una demanda presentada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, contra la Resolución 1729 de 2023, que establece la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización en el sector de transporte, específicamente en el Proyecto de Infraestructura Vial Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad, una de las principales obras viales en la región.

En su demanda, Turbay Paz busca que se anule esta medida, argumentando que el cobro no es justo para los habitantes de estas áreas; para ello, el alcalde solicitó que se suspenda provisionalmente la resolución mientras el Consejo de Estado decide sobre el recurso, que fue presentado el 22 de noviembre.

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El Consejo de Estado ya ha notificado al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a la Procuraduría General de la Nación sobre la demanda, que tiene con consejero ponente al magistrado Wilson Ramos Girón. El alto tribunal ha requerido al Invías a aportar los antecedentes administrativos que justifican la aplicación del cobro de valorización, y se ha comprometido a informar a la comunidad sobre la existencia de este proceso judicial mediante la publicación del auto admisorio en su sitio web.

De acuerdo con el artículo 171-5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se convocarán a dos cuerpos jurídicos, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y el Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, para que presenten conceptos escritos sobre la legalidad de la resolución en cuestión.

El cobro de valorización está enfocado en una zona de influencia definida por Invías, que abarca 96.311 hectáreas en 10 municipios, incluidos Cartagena y Santa Catalina, en Bolívar, y varios municipios en Atlántico, como Barranquilla, Galapa y Malambo. En total, se identificaron 248.656 predios que estarían sujetos a la contribución.

En Cartagena, la zona de influencia abarca 24.128 hectáreas, con una delimitación que incluye sectores como Bocagrande, Castillogrande y El Laguito. En esta área, se identificaron un total de 66.303 predios, de los cuales 51.200 son residenciales, 10.226 comerciales y 2.156 agrícolas. Juntas, estas categorías representan el 95% del total de los predios afectados.

Así las cosas, el cobro de valorización afectaría a aproximadamente 143.000 predios en 10 municipios de los departamentos de Bolívar y Atlántico, lo que ha generado una fuerte controversia en la región. Además, según el Ministerio de Transporte, el impacto económico de este cobro podría alcanzar los $2.4 billones, una cifra que supera la inversión regional asignada para el Atlántico y el recaudo anual de renta en la región.

Esta situación ha preocupado a ciudadanos y gremios como Camacol, que ven en el cobro un riesgo para el desarrollo de nuevas inversiones en el sector de la construcción y un posible aumento en los precios de la vivienda. Aunque el Gobierno nacional ha anunciado medidas como socializaciones, censos prediales y facilidades de pago, estos esfuerzos no han logrado calmar las preocupaciones de los afectados.

La demanda de Dumek Turbay se enmarca dentro de una serie de acciones legales que han sido presentadas en contra de la Resolución 1729. El alcalde, junto con el senador Mauricio Gómez y otros actores políticos, ha cuestionado la constitucionalidad del cobro, argumentando que viola principios fundamentales como la irretroactividad, la buena fe y la confianza legítima, principios contenidos en los artículos 83, 158 y 363 de la Constitución Política de Colombia. En esta misma línea, han solicitado la suspensión provisional de la resolución, argumentando que su aplicación podría tener efectos negativos en los ciudadanos de varios municipios de la región.

Además, recientemente, Turbay se unió a la demanda presentada por el senador Gómez ante la Corte Constitucional para tumbar el cobro, lo que ha abierto la puerta a un análisis más detallado sobre la legalidad de la resolución.