La Ley de Financiamiento en Colombia, presentada como el Proyecto de Ley 300 de 2024, busca abordar el déficit fiscal del país, que actualmente se sitúa en un -3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el déficit se ha visto agravado por una caída en el recaudo tributario, que a septiembre de 2024 mostró una disminución nominal del 8,2 % y real del 13,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Esta situación ha generado un amplio debate sobre las implicaciones de la ley, especialmente en la declaración de renta de los contribuyentes.
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Ciro Meza, socio tributario de Baker McKenzie, explicó en Portafolio que la ley tiene como objetivo principal aumentar los recursos para cumplir con las metas de ejecución del Gobierno nacional.
La propuesta busca cerrar una brecha de 12 billones de pesos en el presupuesto, que surge de la diferencia entre los ingresos previstos de 511 billones y los gastos proyectados de 523 billones, según Catalina Jaramillo, socia de Impuestos de Brigard Urrutia.
La ley propone cambios en las tarifas de renta tanto para personas jurídicas como naturales. Para las empresas, se plantea una modificación en la tarifa general de renta, introduciendo tarifas progresivas marginales entre el 24% y el 35%.
Sin embargo, Jaramillo señala que, aunque se propone una reducción en la tarifa corporativa, se incrementa el porcentaje de la tasa efectiva de tributación y la tarifa de ganancias ocasionales, lo que podría no ser un incentivo claro para el sector empresarial.
En cuanto a las personas naturales, la ley eleva la tarifa máxima de renta del 39% al 41%, intensificando el impacto que ya experimentaron con la reforma tributaria de 2023. Este aumento en las tarifas busca contribuir al saneamiento fiscal, pero también ha generado preocupación entre los contribuyentes sobre el incremento de su carga tributaria.
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