La Fiscalía General de la Nación presentó un recurso de apelación contra el fallo emitido el pasado 13 de noviembre de 2024, en el que se absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en el marco de una investigación por su presunta participación en el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’ y el homicidio de un conductor en Yarumal, Antioquia.
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El recurso fue sustentado por el fiscal Décimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Néstor Orlando Millán Gámez, que expresó su desacuerdo con la absolución y solicitó al Tribunal Superior de Antioquia revocar el fallo y condenar al acusado. “Por lo anteriormente expuesto, se le solicita a la magistratura proceder a la revocatoria de la sentencia de primera instancia... y, en consecuencia, condenen a Santiago Uribe”, se lee en el documento oficial de la Fiscalía.
Argumentos de la Fiscalía
En el recurso de apelación, la Fiscalía cuestionó la decisión del juzgado, argumentando que existieron inconsistencias en la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio. Según la sustentación, el fallo absolutorio habría ignorado elementos probatorios que vinculan a Uribe Vélez con la creación y operación del grupo paramilitar que operó en el norte de Antioquia durante la década de los 90.
El documento también menciona la importancia de garantizar que la decisión se ajuste a los estándares de justicia. “Es bien sabido que... se exige, cuando menos, la obligación de señalar en concreto las razones de disenso con lo decidido, para cuyo efecto el discurso no puede ser diferente al de la providencia misma”, señala la apelación.
El Tribunal Superior de Antioquia será el encargado de estudiar el recurso de apelación y determinar si ratifica la absolución o, por el contrario, condena a Santiago Uribe. Este proceso, que se suma a la extensa lista de casos relacionados con el conflicto armado y el paramilitarismo en Colombia, vuelve a poner en el centro del debate la actuación del sistema judicial frente a crímenes de lesa humanidad.
La absolución de Santiago Uribe y cuestionamientos al juez del caso
El fallo de primera instancia que absolvió a Santiago Uribe Vélez de los cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado ha desatado una tormenta de críticas y controversias. La decisión, emitida el pasado 13 de noviembre por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, concluyó que no existía suficiente evidencia para vincular directamente al ganadero con los delitos imputados.
Los cargos contra Uribe Vélez estaban relacionados con su presunta participación en el grupo paramilitar conocido como ‘Los doce apóstoles’, que operó en el norte de Antioquia durante los años 90. Según la Fiscalía, esta organización utilizó la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe, como base de operaciones. Además, la acusación incluía el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera señalado de colaborar con las Farc.
No obstante, el juez Jaime Herrera Niño, en su fallo, argumentó que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia del procesado más allá de toda duda razonable. En sus palabras:
“La imposición de sentencia condenatoria debe fundamentarse en la existencia de la certeza respecto a la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, de manera tal que, si el Estado, por medio de la Fiscalía, no ha desvirtuado la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable que ampara al procesado, este debe ser declarado no responsable”, dijo el juez.
Sin embargo, la controversia en torno a la absolución se intensificó con la apertura de una investigación disciplinaria contra el juez Herrera Niño. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció que indagará posibles irregularidades en la declaración de bienes y rentas del juez correspondientes al año 2022.
De acuerdo con una investigación del portal Cuestión Pública, el juez omitió reportar su participación del 30,87 % en una casa ubicada en Santa Marta, adjudicada junto con sus hermanos como parte de una sucesión en 2018 y con un valor declarado de $213 millones. Asimismo, no habría informado que su hermana, Irlanda Herrera Niño, ejerce como jueza de la República, ni habría registrado ingresos en su declaración juramentada, lo que generó dudas sobre la transparencia de su gestión.
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