
El Ministerio de Salud publicó el borrador de un proyecto de resolución que busca regular los criterios técnicos de construcción y seguridad en piscinas y estructuras similares de uso colectivo abiertas al público. Esta normativa tiene como objetivo garantizar la seguridad de los bañistas y usuarios en espacios recreacionales, como centros vacacionales, hoteles, escuelas y otras instalaciones públicas que cuenten con piscinas; y responde a preocupaciones de las autoridades sobre la prevención de accidentes, especialmente ahogamientos en niños y jóvenes.
En ese sentido, el proyecto establece lineamientos claros sobre cómo deben ser construidas, mantenidas y operadas las piscinas para asegurar la protección de quienes las utilizan.
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Según el borrador, se prohíben las estructuras que representen un riesgo para los bañistas, como los túneles subacuáticos que podrían causar atrapamientos. Además, se exigen normas específicas sobre iluminación, con el fin de garantizar la visibilidad adecuada en cualquier momento del día, y sobre la prohibición de actividades peligrosas, como clavados en áreas poco profundas.

Otro de los puntos clave de la resolución es la obligación de los establecimientos de contar con un plan de seguridad integral, que debe incluir dispositivos de rescate como salvavidas y pértigas, protocolos de emergencia y capacitación continua del personal en primeros auxilios y salvamento.
Regulación para áreas infantiles y criterios de accesibilidad
El proyecto también establece regulaciones detalladas para piscinas que están destinadas a áreas infantiles; por ejemplo, la resolución estipula una profundidad máxima de 0,6 metros en estas zonas, así como una señalización clara de las profundidades en diversos puntos de la piscina. Además, los nuevos proyectos de construcción deberán contar con estructuras adaptadas para personas con movilidad reducida, lo que refuerza el enfoque inclusivo de la normativa.
En cuanto a la accesibilidad, la resolución exige que los establecimientos cuenten con duchas, vestuarios y unidades sanitarias accesibles para todos los usuarios. Estos cambios buscan garantizar que las instalaciones sean seguras y cómodas para una población diversa.
Plazo para cumplir con los nuevos requisitos
Una de las disposiciones más relevantes del proyecto es el plazo de tres años que se otorga a los establecimientos con piscinas en funcionamiento para adaptarse a las nuevas regulaciones. Este periodo permitirá a los responsables iniciar el proceso de certificación ante las autoridades locales mientras realizan las adecuaciones necesarias en sus instalaciones.
Aunque se concede este tiempo, las piscinas deberán cumplir con los requisitos mínimos de seguridad durante este periodo de transición, lo que incluye la adecuación de áreas de primeros auxilios y la implementación de medidas específicas para el control de riesgos.
El cumplimiento de estas normativas será verificado a través de certificaciones emitidas por las autoridades municipales, las cuales tendrán una validez de cuatro años. Los establecimientos deberán actualizar estas certificaciones de manera periódica para garantizar el mantenimiento de los estándares de seguridad.
Exclusiones de la resolución

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los espacios recreativos y reducir los riesgos asociados al uso de piscinas, el Ministerio de Salud continúa trabajando en la versión final del proyecto de resolución, que se encuentra actualmente en la fase de comentarios.
Sin embargo, es importante resaltar que el proyecto de resolución no aplica para todos los tipos de estructuras con cuerpos de agua. La normativa que prepara la cartera no incluye estanques con renovación continua de agua o lagunas artificiales destinadas a actividades recreativas o deportivas.
Una vez que se formalice la norma, se espera que la implementación de estas nuevas directrices sea un paso crucial hacia la creación de ambientes más seguros y sostenibles para todos los usuarios de piscinas y estructuras similares en el país.
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