Familias de diputados del Valle asesinados por las Farc dejaron plantada a la JEP: “No ofrece una verdad detallada y absoluta”

Los familiares de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados por las extintas Farc y asesinados mientras estaban en cautiverio, no asistieron a las audiencias programadas para el 24 y 25 de noviembre por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que siete exmandos medios del Bloque Occidental reconocen su responsabilidad.

Sin importar que eran los invitados especiales al acto de reconocimiento, los familiares de los doce diputados vallecaucanos mostraron su descontento con el proceso llevado a cabo por esa justicia especial, argumentando que no se les ha garantizado sus derechos como víctimas.

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En un documento presentado recientemente a la JEP, el abogado Juan Camilo Sanclemente, representante de las víctimas, señaló que la información proporcionada hasta ahora no cumple con los estándares de verdad requeridos por la justicia transicional.

“Es importante recalcar y dejar en primer lugar que no todo lo dicho hasta el momento constituye una verdad que supera los estándares propios de esta justicia transicional. Se reconoce que ha habido un mínimo avance, que se conocía incluso desde antes del proceso de paz tanto por la necropsia a los cuerpos de los diputados, y en justicia ordinaria, y la única “verdad” para la Sala, fue la amañada, fantasioso y mentirosa que dieron los comparecientes y que al momento que se estaba dejando en evidencia dicha mentira, lo único que hizo la magistrada relatora fue silenciar a la víctima que actuaba en su propia representación y es el único testigo de los hechos; pero lo cierto es que todavía subsiste muchos vacíos, muchas lagunas frente al secuestro y muerte de los diputados Valle, que han sido presentadas por esta representación y que lastimosamente como los memoriales y observaciones que presentamos, han brillado por un silencio absoluto, desconociendo el clamor de las víctimas”, se lee en el documento.

Según el documento, la única versión aceptada por la JEP ha sido “amañada, fantasiosa y mentirosa”, y se han ignorado las pruebas y observaciones presentadas por las víctimas. Además, Sanclemente hizo un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que intervenga y evite que el caso quede en la impunidad.

“Mis representados sienten y consideran que si todo está dicho en este caso (desconociendo los reclamos ante la falta de verdad por parte de las víctimas), no tiene sentido continuar en un proceso que a la fecha no cuenta con una sanción propia ni mucho menos una satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, y peor aún, que no ofrece una verdad detallada, plena y absoluta como lo establece al acto legislativo 01 de 2017, para lo cual no asistiremos a las audiencias del 24 y 25 de noviembre y las demás que citen, ante la falta de garantías judiciales”, señala el documento.

Entre las peticiones de los familiares se encuentra la imputación de los delitos de tortura y perfidia a los máximos responsables del secuestro y asesinato de los diputados. También solicitan que se amplíe la investigación teniendo en cuenta el material probatorio entregado y que se localice a alias ‘Ademar’ para que rinda su versión sobre la planificación del secuestro.

Por otro lado, los familiares han pedido que se llame a declarar a los coroneles retirados Robinson González del Río y Byron Carvajal para determinar si hubo colaboración con las Farc en el secuestro de los diputados.

“Se amplíe la línea de estudio teniendo en cuenta el material probatorio entregado por las víctimas y que, además, se tenga en cuenta lo solicitado por las víctimas en las diferentes audiencias de observación que hasta hoy se han surtido al interior del proceso. Ordenar a través de alias ‘Santiago’ la ubicación de alias ‘Ademar’, con el fin de vincularlo al proceso y recepcionar sus versiones sobre su participación en la planeación del secuestro de los diputados del Valle”, solicita la misiva.

El proceso en la JEP ha sido criticado por las víctimas, quienes consideran que no ha habido un avance significativo en la búsqueda de la verdad y la justicia. A pesar de los esfuerzos por parte de las víctimas para presentar pruebas y testimonios, sienten que sus voces no han sido escuchadas adecuadamente en el marco de este proceso judicial.