La controversia conocida como ‘la comunidad del anillo’ fue un escándalo judicial que surgió en Colombia en 2014, relacionado con presuntas redes de prostitución dentro de la Policía Nacional.
El caso salió a la luz tras las declaraciones del capitán Ányelo Palacios, que denunció públicamente la existencia de un grupo de altos oficiales que presuntamente promovían y participaban en una red de explotación sexual dentro de la institución.
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Según las denuncias, el esquema implicaba la presión o coerción sobre jóvenes policías para que prestaran servicios sexuales a oficiales de mayor rango.
Tras una década de la explosiva declaración que realizó el capitán Palacios, nuevamente habló a la prensa del controvertido caso que lo puso fuera de la institución y del país.
Ányelo Palacios reside actualmente en Estados Unidos, a donde llegó inicialmente como inmigrante legal.
Posteriormente, logró obtener asilo debido a las constantes amenazas que enfrentaba en Colombia tras denunciar la red de explotación sexual conocida como la ‘comunidad del anillo’.
Según declaró en el programa Los Informantes de Caracol Televisión, su llegada a territorio norteamericano implicó dejar atrás su trayectoria de 16 años como oficial de la Policía y su formación académica, para desempeñarse en trabajos como la recolección de basura.
A pesar del abrupto cambio en su vida, Ányelo Palacios ha señalado que sigue en un proceso de adaptación y transformación para habituarse a su nueva realidad.
El ex agente colombiano explicó que actualmente reside en una casa ubicada en un barrio modesto, donde comparte espacio con otros inmigrantes. Además, el excapitán informó que trabaja como conductor para la plataforma Uber, un oficio que le ha permitido salir adelante mientras reconstruye su vida lejos de Colombia.
El caso conocido como la ‘comunidad del anillo’ marcó un capítulo oscuro en la historia de la Policía Nacional de Colombia, al destaparse una red de explotación sexual que involucraba a altos mandos de la institución.
Este escándalo salió a la luz en 2014 gracias a las denuncias del excapitán Ányelo Palacios, quien señaló que entre 2004 y 2006 varios cadetes fueron presionados y obligados a participar en actos sexuales bajo amenazas de represalias o estancamiento en sus carreras.
La investigación reveló que dos excoroneles Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela, desempeñaron roles clave en este sistema de abuso.
Según la Fiscalía, Castellanos Soto visitaba frecuentemente la Escuela de Cadetes General Santander para identificar y seducir a jóvenes policías, mientras que Torres Orjuela se encargaba de intimidarlos para garantizar su participación. Las víctimas enfrentaban amenazas que incluían la expulsión de la institución si se negaban a cumplir las demandas de los oficiales.
En 2023, ambos excoroneles fueron condenados por constreñimiento a la prostitución, un fallo que simbolizó un avance judicial. De acuerdo con los testimonios, al menos cinco alféreces fueron forzados a sostener encuentros sexuales con Castellanos Soto, quien para la época ejercía como jefe de seguridad del Congreso de la República.
Ányelo Palacios, una de las principales víctimas, enfrentó un calvario tras sus denuncias. Fue objeto de represalias dentro de la Policía, acusado de irregularidades inexistentes y finalmente separado de la institución.
Temiendo por su vida, Palacios dejó el país y se refugió en Estados Unidos. Desde el exilio, ha denunciado amenazas persistentes y actos de intimidación hacia su familia en Colombia, incluida la irrupción sospechosa en una vivienda en Cúcuta.
El excapitán ha solicitado protección al presidente Gustavo Petro y al director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, sin obtener respuestas concretas. Además, Palacios asegura que la red, lejos de haber sido desmantelada, sigue operando tanto en la Policía como en otras instituciones, bajo un pacto de silencio sostenido por el temor a represalias similares a las que él enfrentó.
El caso de la comunidad del anillo evidenció fallas estructurales en la Policía Nacional, no solo en términos de protección a las víctimas, sino también en la impunidad que rodea a quienes cometen abusos de poder.
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