Congresistas exigen revocar nombramiento de funcionaria del Ministerio del Interior por “desconocimiento” de la comunidad afro

Un grupo de 30 congresistas pertenecientes en su mayoría a la Comisión Legal Afro del Congreso de la República, envió una carta al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, solicitando la revocatoria del nombramiento de Amelia Rocío Cotes Cortés.

La funcionaria, que llegó a este cargo por orden judicial tras denunciar acoso laboral, no pertenece a las comunidades afrodescendientes, lo que ha despertado cuestionamientos en relación con la Ley 70 de 1993 y los convenios internacionales que garantizan la protección y representación de estas comunidades.

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La misiva, firmada por representantes como Orlando Castillo Advíncula, Gilma Díaz Arias y Cristóbal Caicedo Angulo, entre otros, manifiesta que la Resolución 2019 de 2024, expedida el pasado 29 de octubre, afecta la implementación de políticas públicas étnicas. Según los legisladores, el nombramiento de una persona ajena a las comunidades afrocolombianas en un cargo de esta naturaleza representa un retroceso en la lucha contra las desigualdades estructurales.

“Con este nombramiento se están desconociendo las disposiciones y convenios que aseguran la protección de los derechos especiales de las comunidades negras o población afrocolombiana, yendo en contravía de nuestra Constitución Política y los Tratados Internacionales”, señalaron en la carta.

Los congresistas alertaron que esta decisión administrativa “sin enfoque diferencial” podría socavar la legitimidad de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras y dificultar la interlocución entre estas poblaciones y el gobierno. En la misiva se enfatizó que, “la dirección debe estar en manos de un miembro de nuestra comunidad que represente nuestros intereses y fortalezca nuestros procesos organizativos”.

Amelia Rocío Cotes Cortés asumió el cargo tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó su reintegro al Ministerio del Interior. La decisión judicial surgió luego de que Cotes denunciara haber sido retirada de su puesto anterior como directora de Asuntos Religiosos en condiciones irregulares, pese a estar en periodo de lactancia, enfrentarse a problemas de salud y ser madre cabeza de familia.

En sus redes sociales, Cotes celebró el fallo como una victoria personal y jurídica: “Con nobleza recibo un fallo que me hace justicia, pero con firmeza les puedo asegurar que ningún personaje político puede abrogarse esta victoria. Ni siquiera los que un día se mostraron aliados”, escribió en X.

La funcionaria fue clara en señalar que su remoción previa constituyó un acto de discriminación: “Eso no es noticia en cargos de libre nombramiento y remoción; sin embargo, constituye una afrenta a la dignidad y un acto de discriminación”. Además, envió un mensaje al presidente Gustavo Petro:

“Mi muy respetado Presidente @petrogustavo ante tantas denuncias públicas y el silencio de los que pensé aliados, hoy recibí justicia por parte del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia. (...) espero sirva para impulsar el verdadero cambio para las mujeres. Una vida lejos de la violencia de género y de la discriminación laboral por la maternidad”, concluyó.

En la carta, los legisladores instaron al ministro Juan Fernando Cristo a actuar con celeridad para corregir lo que consideran un error administrativo. “Exigimos que en términos pluralistas, étnicos y democráticos la Resolución 2019 del 29 de octubre de 2024 sea revocada y se tomen decisiones coherentes para el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.

La polémica resalta la tensión entre las decisiones judiciales y las políticas públicas basadas en el enfoque diferencial. Mientras tanto, la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras se encuentra en el centro de un debate que pone de manifiesto la necesidad de garantizar la representación étnica en los cargos que tienen como objetivo velar por los derechos de poblaciones históricamente marginadas.

Este caso abre un interrogante sobre cómo equilibrar la justicia laboral individual con la representación colectiva, y sobre las implicaciones de las decisiones administrativas en contextos de alta sensibilidad social y política.