El próximo 28 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentará una lista con los nombres de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, ocurridas entre 2002 y 2008 en Colombia que, según el tribunal especial, hay reportadas en el país.
Este anuncio se realiza en el octavo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz y representa un avance en el reconocimiento y esclarecimiento de estos crímenes.
Este anuncio se da coincidencialmente después de una polémica desatada por el representante Miguel Polo Polo, que puso en duda la veracidad de la cifra y, en video, dejó consignado cómo metió en una bolsa de basura las botas que el interior del Congreso dejaron en conmemoración de las víctimas las Madres de Soacha.
Estas botas, como lo explicaron las voceras, representaban a los jóvenes desaparecidos en circunstancias aún investigadas.
El documento, fruto de años de investigación, sistematiza la información recopilada de la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema.
Cada caso está sustentado por pruebas detalladas, como nombres, documentos de identidad y lugares donde ocurrieron los hechos. A pesar de esto, las cifras oficiales podrían aumentar, ya que existen indicios de casos aún no documentados.
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El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, destacó que esta investigación supera los alcances de la justicia ordinaria al exponer no solo las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, sino también la sistematicidad de estas prácticas.
Además, enfatizó que la justicia transicional ha logrado avances importantes, como la imputación de máximos responsables que antes habían quedado impunes, entre ellos el general Mario Montoya.
“Este número está soportado por nombres, documento de identidad, el lugar donde ocurrieron los hechos. Hay un número importante de víctimas presentes en los autos, por lo que los nombres ya son públicos. No hemos publicado toda la lista completa por no comprometer la seguridad de las familias de las víctimas”, señaló.
La JEP ha trabajado en la reconstrucción de la verdad no solo para buscar justicia, sino para garantizar la no repetición de estos hechos. Ramelli subrayó la importancia de centrarse en las historias humanas detrás de las cifras, recordando que cada número representa vidas truncadas y familias destrozadas.
Sin embargo, la labor de la JEP no ha estado exenta de desafíos. La resistencia de sectores que niegan estos crímenes y ataques simbólicos hacia las víctimas, como los recientes actos en el Congreso, evidencian las dificultades para consolidar la memoria histórica y promover una reflexión ética y colectiva sobre estos hechos.
“Mi llamado es a la reflexión primero, más allá del tema de las cifras, el tema es que estamos hablando de familias, estamos hablando de seres humanos. Debemos dejar a un lado la discusión de si son más o si son menos, pues me parece algo poco ético. Así sea uno, se trata de un crimen de Estado, algo inconcebible dentro de un Estado de derecho. Yo invitaría a estas personas negacionistas a que se vean las audiencias, porque allí los militares reconocieron su responsabilidad y se conocieron los nombres de cada uno de las víctimas”, expuso.
El magistrado hizo un llamado a la empatía y a abandonar las discusiones centradas en cifras. Señaló que, independientemente del número de víctimas, cada caso representa un crimen de Estado que no puede ser tolerado. La publicación de esta lista busca honrar a las víctimas, permitir a sus familias conocer la verdad y sentar un precedente de responsabilidad y reparación.
Este anuncio marca un paso crucial en el proceso de justicia transicional, recordando al país la importancia de enfrentar su pasado para construir un futuro más justo y en paz.
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