Fiscalía imputó cargos a exjuez laboral de Buenaventura que habría autorizado el desvío de 23.000 millones de pesos del Estado

Wilson Escarria Camacho, un exjuez laboral de la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, fue imputado por la Fiscalía General de la nación por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, al parecer, por vaciar las arcas del Estado para favorecer a docentes del Magisterio nacional

Según señaló el ente investigador en la mañana de este domingo 24 de noviembre, los cargos se derivan de acciones realizadas entre enero y noviembre de 2019, cuando Escarria Camacho habría facilitado que terceros se apropiaran de más de 23.000 millones, al fallar a favor de las denuncias de los maestros contra el Magisterio.

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La Fiscalía detalló que el exjuez, actualmente detenido en un centro carcelario de Cali por otras acusaciones, habría agrupado de manera irregular siete procesos ejecutivos relacionados con demandas de profesores contra el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Estas demandas se referían a pagos atrasados de cesantías, y en cada proceso se involucraban entre 50 y 300 reclamantes. “Se intentó en cinco oportunidades apropiarse de recursos del estado y en dos oportunidades se apropió y se consumó de recursos del estado de la nación del ministerio de educación nacional y del Fomag administrados por la Fiduprevisora en cuantía de 23,000 millones de pesos”, indicó el fiscal en la audiencia.

El ente acusador señaló que Escarria Camacho emitió 53 decisiones de fondo durante el periodo mencionado, accediendo a las pretensiones de los docentes. Sin embargo, se le acusa de haber intervenido sin ser el juez competente y de basar sus decisiones en normas derogadas. Además, se le atribuye haber ordenado embargos de cuentas de entidades estatales, lo cual está prohibido por la ley.

De los siete procesos que asumió, cinco fueron revocados en segunda instancia, aunque los dos procesos que quedaron en firme resultaron en el depósito judicial de más de 23.000 millones de pesos, que supuestamente fueron dirigidos a los abogados de los profesores demandantes.

La Fiscalía sostiene que estas acciones permitieron que el exjuez fallara demandas millonarias bajo el pretexto de pagar cesantías a los docentes. “Se violentó el principio del juez natural, siendo esta actuación dolosa y sistemática, ya que el trámite se dio en diferentes procesos, aprovechándose de la situación presentada ante la falta de notificación de las entidades estatales, y haciendo manifestaciones contrarias a la realidad al traslado de excepciones o a los incidentes que se planteaban en contra de sus decisiones”

Escarria Camacho, al ser formalmente imputado por un fiscal especializado, no admitió las irregularidades de las que se le acusa, por lo que la investigación sigue su curso mientras el exjuez permanece bajo custodia.

Medellín y su área metropolitana fueron el escenario de un operativo que culminó con el desmantelamiento de una organización criminal conocida como ‘Los Clandestinos’, acusada de actividades ilícitas relacionadas con el sacrificio y venta de carne de ganado enfermo.

La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional lideraron el operativo que permitió la captura de Juan Carlos Cardona Atehortúa, Robinson Alberto Marín Pérez, Carlos Armando Osorio Cañas, Juan Gonzalo Mesa Avendaño y Rigoberto de Jesús Tobo Marín.

Durante los procedimientos se incautaron tres armas de fuego, once cartuchos y dos toneladas de carne bovina que, al parecer, ya estaba lista para su distribución. Según la información proporcionada por la Fiscalía, la red adquiría ganado en condiciones deplorables de salud en ferias ganaderas de Antioquia.

Los animales, muchos de ellos enfermos o maltratados, eran llevados a mataderos ilegales donde eran sacrificados sin cumplir con los protocolos sanitarios establecidos. La carne obtenida era almacenada en condiciones insalubres y transportada en vehículos improvisados, lo que no garantizaba la cadena de frío necesaria para su conservación.

Además de los riesgos para la salud pública, las actividades de ‘Los Clandestinos’ también generaban graves afectaciones ambientales. En los sitios de sacrificio se vertían líquidos contaminantes en cuerpos de agua y se abandonaban residuos sólidos, lo que alteraba el suelo y ponía en peligro los ecosistemas.