Cobro del impuesto del 4x1.000 no tendría cambios a partir de diciembre por esta dificultad que hay

El impuesto del 4x1.000 en Colombia, tributo del Gobierno nacional en el que por cada $1.000 en algún tipo de movimiento financiero, hay que pagar $4, también conocido como gravamen a los movimientos financieros, ha sido objeto de críticas debido a su impacto en la bancarización y al incentivo al uso del efectivo.

Sin embargo, su recaudación es sencilla y representa un ingreso importante para las finanzas públicas, y alcanzó $10,5 billones hasta septiembre de 2024.

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Sobre este, la reforma tributaria de 2022, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, introdujo cambios para flexibilizarlo. Así las cosas, en lugar de aplicarse a cada transacción, el gravamen se cobrará cuando los movimientos financieros mensuales de un usuario superen las 350 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $16,4 millones. Esta modificación elimina la necesidad de marcar una cuenta de ahorro exenta del impuesto, un cambio que busca simplificar el proceso para los usuarios.

Los establecimientos supervisados por las superintendencias Financiera y Solidaria tienen hasta el 13 de diciembre de 2024 para desarrollar un sistema de información que permita verificar, controlar y retener el 4x1.000. Sin embargo, según Semana, hay normalidad con el papel de billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, pero existen dificultades para integrar a las cooperativas, que juegan un papel importante en el sistema financiero al ofrecer servicios a comunidades que a menudo no tienen acceso a la banca tradicional,, lo que podría retrasar la implementación de la medida.

El impacto de esta flexibilización en el recaudo del impuesto es incierto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estima que los ingresos podrían disminuir un 2%, ya que no todos los colombianos poseen más de una cuenta de ahorro. En el país, al cierre de septiembre, había 45 millones de tarjetas de débito emitidas por 32 entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera, lo que refleja la importancia de las cuentas de ahorro como principal instrumento de bancarización.

Por ahora, lo cierto es que TransUnion, empresa encargada de gestionar el historial crediticio de millones de colombianos, resultó designada como el operador del sistema de información para el impuesto.

La implementación de este cambio es visto como un paso hacia las llamadas “finanzas abiertas”, una política que busca que todas las entidades compartan su información para ofrecer mejores servicios y aumentar la competencia en un mercado concentrado en pocos actores. Este avance tecnológico es crucial para la flexibilización del 4x1.000 y representa un adelanto en la modernización del sistema financiero colombiano.

En junio de 2024, el presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, ofreció una serie de claves para la reactivación económica de Colombia. Resaltó la importancia de acciones concertadas entre el Gobierno, los ciudadanos y el sector privado para impulsar el crecimiento económico.

Para él, la solvencia bancaria es un factor crucial. Al respecto, dijo que mantener un buen estado de solvencia, con un índice superior al 16%, es esencial para permitir a los bancos otorgar préstamos. “La solvencia de los bancos es crucial para determinar su capacidad de préstamo”, mencionó al añadir que la recuperación de los mercados y la generación de utilidades son fundamentales para alcanzar este objetivo.

Sobre la liquidez del sistema, sugirió que la educación financiera y la eliminación del impuesto del 4x1.000 serían excelentes fuentes de liquidez: “Otra excelente fuente de liquidez para el sistema provendría de clientes convencidos de las bondades de tranzar a través de la banca y no en efectivo”.

Al respecto, señaló que esta medida tendría un efecto positivo a largo plazo.

Por otro lado, en agosto de 2024, tres congresistas de diferentes partidos radicaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que tiene como objetivo eliminar de manera gradual este impuesto. Christian Garcés, del Centro Democrático; Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, y Armando Zabarain, del Conservador, son los autores de esta iniciativa que propone suprimir dicho cobro en un plazo de siete años.

La estrategia planteada en el proyecto es hacer una reducción anual del impuesto de manera progresiva, que comenzaría en 2026. En ese año, el gravamen se reduciría a 3,5x1000, y se disminuiría en 0,5x1000 cada año hasta alcanzar una tasa de cero en 2033. Esto significa que “el impuesto sería de 3,5x1000 en 2026, y así sucesivamente hasta 2033″.

“La propuesta contempla un desmonte a siete años mediante una reducción anual de 0,05%, lo que equivale, según nuestras estimaciones, a $1,75 billones al año”, se explica en el proyecto de ley que ya está en la Cámara de Representantes. Además, se espera que estos recursos puedan recuperarse en parte por medio de la “reinversión de los recursos que las empresas dejarían de pagar en impuestos”, se lee en el documento.