Sector de combustibles está en caída libre: registra 17 meses consecutivos de contracción en las ventas

El sector de distribución de combustibles líquidos en Colombia enfrenta una coyuntura desafiante, pero también llena de potenciales transformaciones. Con más de 6.518 estaciones de servicio distribuidas en 900 municipios, este segmento es un pilar de la economía nacional, generando más de 50.000 empleos directos y aportando cerca de $8 billones en impuestos solo en 2023. Sin embargo, la contracción en las ventas y los ajustes fiscales plantean serias preocupaciones.

En Cartagena, durante el segundo congreso de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), empresarios, expertos y autoridades analizaron la situación actual del sector.

David Jiménez Mejía, presidente del gremio, describió un panorama complejo durante una entrevista con El Espectador. Según Jiménez, las ventas de combustibles han caído durante 17 meses consecutivos. “En octubre reportamos una disminución del -3,4% frente al mismo mes del año anterior. Aunque sigue siendo negativa, es la mejor cifra de 2024. Los colombianos están tanqueando menos, se están moviendo menos”, afirmó.

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El boletín económico de Comce reforzó esta tendencia. Durante el tercer trimestre de 2024, la demanda de gasolina corriente acumuló 16 meses de caída, con una variación de -6,5% en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, no todo es adverso. Las ventas de Acpm mostraron estabilidad, con un leve crecimiento del 0,9%, y la gasolina extra destaca por un aumento del 27,8% en el mismo periodo.

Cartagena, sede del congreso, es un ejemplo clave de la importancia de este mercado. En 2023, esta ciudad comercializó 54,3 millones de galones de gasolina corriente y 30,6 millones de galones de Acpm, generando más de 1.176 empleos directos desde sus 98 estaciones de servicio. A pesar de su impacto positivo, Jiménez advirtió que las nuevas normativas fiscales y laborales podrían cambiar el panorama. “Si la reforma laboral pasa, muchas estaciones que operan de noche podrían quedarse con un solo islero o incluso cerrar por completo. No dan los rubros para pagar”, comentó.

A pesar de las dificultades, hay señales de esperanza. Agosto fue el mes con mayores ventas del año, y las pausas en el aumento del precio de la gasolina podrían marcar un punto de inflexión. Según Comce, el cuarto trimestre será crucial para evaluar si esta tendencia negativa finalmente se revierte.

Por otro lado, los vehículos eléctricos representan una posibilidad interesante para el sector, más que una amenaza. Aunque actualmente solo el 0,3% de los 19 millones de vehículos en el país son eléctricos o híbridos, Jiménez ve en esto una oportunidad. “En la medida en que aumenten los carros eléctricos, empezarán a surgir electrolineras en el país”, señaló, destacando que las estaciones de servicio podrían diversificar sus servicios.

La sostenida disminución en el consumo de gasolina corriente en Colombia está generando repercusiones económicas de amplio alcance. Este fenómeno no solo afecta directamente al sector de distribución de combustibles, también tiene implicaciones para la economía general del país y los ingresos fiscales.

La reducción en el consumo refleja una contracción en el movimiento de bienes y personas, lo que repercute en sectores como el transporte, el comercio y la logística. Una menor demanda de combustible afecta la actividad económica, ya que el transporte terrestre sigue siendo un pilar clave para la movilización de mercancías y la conexión entre regiones.

En términos laborales, esta situación amenaza la estabilidad de miles de empleos, especialmente en empresas pequeñas y medianas que operan en mercados locales. La caída en las ventas de gasolina reduce los márgenes de rentabilidad, lo que lleva a ajustes en los costos operativos y, en muchos casos, al cierre de operaciones en horarios no rentables.

A nivel macroeconómico, la disminución en la venta de gasolina también impacta los ingresos del Gobierno, dado que los combustibles representan una fuente significativa de recaudo tributario. Esto podría limitar la capacidad del Estado para financiar proyectos de infraestructura, educación y salud, especialmente en regiones donde la economía depende en gran parte del transporte y la comercialización de bienes.