Musa Besaile obtuvo libertad condicional luego cumplir gran parte de su condena por corrupción y por estar involucrado en el cartel de la toga

Musa Besaile, exsenador colombiano, fue dejado en libertad condicional tras cumplir una parte significativa de su condena, según informaron fuentes penitenciarias y su abogado.

Besaile, que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2024 a seis años de prisión por delitos de peculado por apropiación y cohecho, había estado cumpliendo su pena en el Centro de Ejecución Militar (Ejema) del batallón de Montería.

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El exsenador del Partido de la U fue hallado culpable de participar en el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga. Este caso involucró el pago de sobornos para manipular procesos judiciales, en el que Besaile admitió haber entregado 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para frenar una orden de captura en su contra por parapolítica.

Además, en mayo de 2023, Besaile fue condenado a siete años de prisión por sus vínculos con grupos paramilitares, específicamente con el Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Corte Suprema de Justicia también lo condenó por tráfico de influencias en febrero de 2024, relacionado con un esquema de corrupción que desvió recursos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). En este entramado, Besaile utilizó su cargo público para desfalcar recursos estatales.

A pesar de las confesiones de Besaile y su solicitud de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta fue rechazada debido a que sus aportes a la verdad fueron considerados insuficientes. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que su información no contribuyó significativamente a esclarecer el conflicto armado ni a identificar a otros responsables.

El exsenador también estuvo involucrado en el cartel de la Hemofilia, en el que se apropió de recursos destinados a la atención en salud en Córdoba. Reconoció su responsabilidad en este caso, lo que le permitió acogerse a una sentencia anticipada.

La decisión de otorgar la libertad condicional a Besaile fue tomada después de que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería emitiera la boleta de libertad condicional número 6705, consolidando las penas que había recibido. Según su abogado, Hernando Bocanegra, aunque Besaile se encuentra en un estado de salud grave, su liberación se debió al cumplimiento de una parte significativa de su condena.

Se debe tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia había ordenado previamente su traslado a una prisión intramural, considerándolo un peligro para la sociedad y evaluando el riesgo de fuga. Sin embargo, una reciente resolución firmada por el magistrado Jorge Emilio Caldas destacó la necesidad de aplicar la medida más rigurosa en casos con decisiones judiciales contradictorias.

La liberación de Besaile se produce en un entorno de acumulación de penas que sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión. Los cargos que enfrentó incluyen concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias por servidor público, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer, reflejando un abuso de poder y corrupción en el ámbito político.

En Colombia, la corrupción en el sistema judicial alcanzó niveles alarmantes con la aparición del Cartel de la Toga, una red que manipulaba procesos judiciales a cambio de sobornos. Según testimonios ante la Comisión de la Verdad, esta organización operaba desde al menos 2010, alterando evidencias y desacreditando testigos para favorecer a quienes pagaban por sus servicios. La red no solo afectaba casos de parapolítica, sino que también se extendía a otros procesos judiciales, generando un sistema donde la justicia tenía un precio.

El cartel de la Toga involucraba a funcionarios judiciales que desviaban investigaciones y dilataban procesos, utilizando información privilegiada para beneficiar a políticos y otros individuos dispuestos a pagar grandes sumas de dinero. Un exjuez, testigo de estas operaciones, relató cómo se exigían pagos exorbitantes, llegando a cifras de hasta 1.100 millones de pesos, sin que se cumplieran las promesas de decisiones judiciales favorables.

La relación entre el cartel de la Toga y la parapolítica es estrecha, ya que se solicitaban sobornos a políticos para cerrar o desviar investigaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Un caso destacado es el del exsenador Álvaro Araújo Castro, que denunció haber sido víctima de chantaje por parte del cartel, que le exigió un soborno de 2.000 millones de pesos a cambio de su absolución. Araújo afirmó que su caso fue trasladado al alto tribunal en represalia por no haber pagado el soborno.

Además de funcionarios judiciales, abogados con redes de apoyo entre magistrados también participaron en este entramado, consolidando un sistema que perpetuó la impunidad y permitió que beneficiarios de la parapolítica o sus herederos continuaran ocupando cargos públicos. El exmagistrado auxiliar Iván Velásquez señaló ante la Comisión de la Verdad que la falta de una posición firme de la Corte frente al fenómeno paramilitar permitió que congresistas condenados mantuvieran su control territorial y clientelismo a través de familiares.

El impacto de estas prácticas corruptas ha generado un profundo escepticismo en la sociedad colombiana respecto a la posibilidad de acceder a una justicia imparcial. La manipulación de procesos judiciales no solo ha perpetuado la impunidad, sino que también ha socavado la confianza en las instituciones, afectando la percepción pública sobre la integridad del sistema judicial.