La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció su disposición para coordinar y ejecutar las acciones necesarias que permitan recuperar los cuerpos de 19 personas, presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, enterradas en fosas comunes del cementerio de Miraflores, en Guaviare.
Esta decisión surgió como respuesta a una solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación en marzo de 2024, en la que se destacó la urgencia de actuar ante el riesgo de alteración, destrucción o desaparición de los restos de las víctimas.
La Procuraduría, a través del procurador delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, enfatizó en su solicitud que las labores de recuperación deben llevarse a cabo con prontitud, dadas las amenazas que enfrentaban los cuerpos al permanecer en estas condiciones: “Se considera que la situación es urgente, debido a que existe un riesgo inminente de que los cuerpos que presuntamente se encuentran en las fosas se vean alterados, modificados, destruidos o desaparecidos”.
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Este caso, que forma parte del macrocaso 08 de la JEP, contó con declaraciones de 23 exintegrantes del Ejército Nacional que admitieron su responsabilidad en los hechos conocidos como falsos positivos. Dichos testimonios, además de ofrecer datos concretos sobre las ubicaciones de las fosas, resultaron fundamentales para avanzar en el proceso de verdad y reparación, un aspecto crucial para las familias de las víctimas.
La Procuraduría señaló que estas evidencias representaban una oportunidad única para garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas, así como para fortalecer la confianza en el sistema de justicia transicional. En su solicitud, el organismo también resaltó la importancia de realizar exhumaciones y análisis forenses con altos estándares técnicos.
Así mismo, la JEP ordenó a las alcaldías de Miraflores, Calamar y El Retorno, pertenecientes al departamento de Guaviare, asumir de manera inmediata la custodia y protección de los cementerios en sus respectivas jurisdicciones. Estas administraciones municipales quedaron encargadas de garantizar que estos espacios funerarios permanecieran resguardados, evitando cualquier tipo de riesgo que pudiera comprometer la integridad de los cuerpos allí sepultados.
Adicionalmente, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior recibió la instrucción de elaborar, en un plazo máximo de 30 días, un diagnóstico actualizado sobre las condiciones de los cementerios de las tres localidades. Este informe debe incluir un análisis detallado de las amenazas existentes que pudieran afectar la conservación de los restos humanos no identificados (N.N.) y no reclamados que reposaban en estos lugares.
Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) y la Fiscalía General de la Nación fueron requeridas para presentar informes que permitieran esclarecer la situación de los cuerpos enterrados en estos cementerios.
La JEP explicó la importancia de que los documentos presentados contuvieran registros detallados y precisos de todas las acciones realizadas en los cementerios, con el propósito de identificar cualquier posible riesgo de manipulación, alteración o destrucción de los restos allí sepultados. Además, destacó que esta información resultaba clave no solo para garantizar la conservación de las evidencias forenses, sino también para avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la identificación de las posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales enterradas en estos lugares.
De igual forma, la Defensoría del Pueblo reportó que, durante el conflicto armado interno, al menos 6.072 personas fueron víctimas de desaparición en las regiones de Guaviare, Vaupés y el sur del Meta. Este dato reflejó la magnitud de la tragedia humanitaria en estas zonas, afectadas históricamente por la violencia. A pesar de esta alarmante cifra, únicamente 1.896 de esos casos fueron objeto de solicitudes formales para iniciar procesos de búsqueda activa.