El nuevo impuesto de seguridad en Antioquia no va: bancada de Creemos le dijo “no” al gobernador Rendón

La bancada del movimiento Creemos, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, manifestó su rechazo al nuevo impuesto de seguridad propuesto por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Según dio a conocer Rendón, este impuesto se cobraría a través de las facturas de servicios públicos, lo que ha generado preocupación entre los diputados de Creemos, quienes consideran que no existen garantías jurídicas para su aprobación.

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En un comunicado conjunto, los diputados de Creemos expresaron su inquietud por la postura de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ha señalado el riesgo de vulnerar el principio de legalidad tributaria al facturar y recaudar este impuesto. Según el comunicado, EPM advirtió sobre la posible nulidad del proyecto debido a estas implicaciones legales.

“EPM, en respuesta a una solicitud realizada por la Asamblea Departamental, expone el riesgo de vulneración del principio de legalidad tributaria al facturar y recaudar dicha obligación, lo cual evidencia la eventual nulidad del proyecto”, expresaron los diputados.

Luego añaden que: “Consideramos que el deterioro de la cultura de pago como consecuencia de la implementación de esta nueva tasa podría generar un efecto dominó que iría desde el incremento en la morosidad, hasta el aumento del desempleo en el departamento. Esto no solo afectaría la sostenibilidad de los hogares y las empresas, sino que también impactaría la capacidad de Antioquia para financiar proyectos estratégicos y mantenerse en la senda del crecimiento económico”.

A pesar de coincidir con el gobernador Rendón en la urgencia de mejorar la seguridad en Antioquia, la bancada de Creemos instó al Departamento a explorar alternativas que no impliquen la implementación de este nuevo impuesto. Los diputados argumentaron que la introducción de esta tasa podría deteriorar la cultura de pago entre los ciudadanos, lo que podría desencadenar un aumento en la morosidad y otros efectos negativos en la economía local.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reavivó la discusión sobre un nuevo impuesto de seguridad en la región, proponiendo una tasa especial sobre el servicio de energía. Esta medida busca recaudar al menos 1,2 billones de pesos en los próximos tres años, con el objetivo de financiar mejoras en la Fuerza Pública. Sin embargo, ha generado una fuerte oposición de diversos sectores, incluidos gremios económicos y autoridades locales.

La iniciativa del gobernador Rendón, presentada el 8 de noviembre, contempla que el impuesto se aplique únicamente a los estratos 4, 5 y 6, así como a clientes comerciales, industriales y oficiales. Según el mandatario, los fondos recaudados se destinarían a proyectos como la reparación de estaciones de policía, la construcción de una cárcel para sindicados y el fortalecimiento de la red de cámaras de seguridad en el departamento.

No obstante, la propuesta ha enfrentado críticas significativas. Organizaciones como Fenalco y el Comité Intergremial de Antioquia han manifestado su desacuerdo, argumentando que el nuevo impuesto incrementaría la carga tributaria sobre los ciudadanos y las empresas. En la misma línea, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha expresado su oposición y ha instado al gobernador a considerar alternativas diferentes para obtener los recursos necesarios.

Desde la bancada de Creemos, se le sugirió al gobernador Rendón explorar otras vías de financiamiento. Entre las opciones propuestas se encuentran la implementación de un modelo de obras por impuestos, la promoción de alianzas público-privadas, la venta de activos improductivos de la gobernación y la gestión de empréstitos. Estas alternativas, según la bancada, podrían ser soluciones viables para abordar la crisis de seguridad sin aumentar la carga fiscal sobre los ciudadanos.

El movimiento Creemos ocupa cinco de los 26 escaños en la Asamblea de Antioquia, y su oposición al proyecto representa un desafío significativo para la administración de Rendón. La discusión sobre este impuesto se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre cómo financiar las medidas de seguridad en la región, un tema que sigue siendo prioritario para las autoridades locales.