Ordenan extinción de dominio sobre bienes que eran empleados para la explotación sexual de menores en Medellín

La Fiscalía General de la Nación tomó medidas contundentes contra propiedades vinculadas a actividades delictivas en el centro de Medellín. De acuerdo con las investigaciones de la entidad, varios inmuebles habrían sido utilizados para la explotación sexual de menores y la venta de drogas al menudeo.

Estas propiedades, valoradas en más de 11.000 millones de pesos, han sido objeto de medidas cautelares que incluyen secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo.

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Las acciones se llevaron a cabo en la comuna 10, conocida como La Candelaria, con el apoyo de la Policía Nacional. Entre los inmuebles intervenidos se encuentran hoteles, residencias, hostales, inquilinatos y parqueaderos. Lo más grave de esta situación, es que en estos lugares, menores de edad eran inducidos a realizar actividades sexuales, además de ser espacios utilizados para almacenar y distribuir sustancias ilícitas.

La investigación reveló que los propietarios de estos inmuebles habrían incumplido su deber de supervisión y control, permitiendo que se llevaran a cabo actividades ilegales que afectan la integridad de niños y adolescentes. Además, de acuerdo con la cartera, se constató que varios de estos inmuebles ya habían sido objeto de medidas administrativas por parte de la Alcaldía de Medellín y están involucrados en diferentes procesos penales.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos inmuebles tras la intervención. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir las redes delictivas que operan en la región y proteger a los menores de edad de situaciones de explotación y abuso.

Finalmente y de acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, esta operación es un importante golpe a los grupos criminales, en el que recalca el compromiso de la Administración Municipal de no permitir que estos espacios sigan siendo empleados para actividades ilícitas que afectan a Medellín, sus ciudadanos y principalmente, a las niñas, niños y adolescentes de la ciudad y el país.

Por otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de su cuenta de X, y destacó que no se detendrá en la lucha contra la explotación sexual de menores, ya que seguirá en la tarea de seguir desarticulando esas operaciones que tanto daño le hacen a la ciudad.

Según datos de la Fiscalía, en los últimos cuatro años se registraron 9489 procesos por delitos relacionados con explotación sexual comercial de niños y adolescentes, en los que 252 de estos se registraron tan solo en los primeros tres meses del 2024.

Asimismo, según organizaciones y mesas intersectoriales que luchan contra esta grave problemática, la dimensión que ha tomado la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Escnna) en ciudades turísticas como Cartagena y Medellín es tan alarmante que se está registrando un caso cada dos días.

Además, la Procuraduría General de la Nación advirtió en su momento que 191 casos de trata de personas se habían registrado entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, según Observatorio del delito de Trata del Ministerio del Interior, muchas de estas víctimas reclutadas con engaños, por redes de mafias internacionales, que son llevadas a México y Europa, principalmente, siendo el grupo más vulnerable las mujeres de 18 a 26 años.

Lo que llama la atención y genera mayores alertas, es que de los 191 casos, el 76.5% de las víctimas fueron reclutadas con fines de prostitución y explotación sexual, así como el hecho de que se reportaron 17 denuncias de jóvenes entre los 12 y los 17 años, del total registrado.

Ante esta grave problemática que afecta los derechos humanos de las personas, actualmente el ente de control realiza vigilancia superior a la respuesta institucional en la lucha contra la trata de personas, enfatizando en que estas acciones deben conllevar a desincentivar la demanda de explotación sexual, explotación laboral, explotación de la mendicidad ajena, entre otras y a lograr que las víctimas de trata de personas denuncien.