Gobierno tomó el control de otra EPS: nombró interventor para Coosalud, señalada de corrupción y desvío de recursos

La Superintendencia Nacional de Salud intervino administrativamente otra Entidad Promotora de Salud (EPS). Se trata de Coosalud EPS, la quinta más grande del país.

Esta medida se tomó con el objetivo de investigar denuncias de corrupción y mal manejo de recursos.

La intervención se anunció en la mañana del viernes 22 de noviembre de 2024 desde Cartagena, donde se llevó a cabo el acto oficial para que esta EPS pase a estar bajo el control del Gobierno nacional.

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La decisión se produce en medio de una serie de acciones similares que han afectado a otras EPS en el país, sumando a Coosalud a una lista de ocho entidades bajo intervención.

“Ha incumplido aspectos cruciales del aseguramiento en salud relacionados con la prestación oportuna, eficaz y de calidad de los servicios de salud, el suministro inmediato de medicamentos y el acceso integral a tecnologías de salud”, dice la resolución de la Superintendencia.

Coosalud, que cuenta con más de 3,2 millones de afiliados, es la quinta EPS más grande de Colombia, superada solo por Nueva EPS, Sanitas, Sura y Salud Total.

La mayoría de sus afiliados se encuentran en la costa Caribe, y es la segunda EPS más grande en el régimen subsidiado, con 2,9 millones de afiliados, solo detrás de Nueva EPS.

En el régimen contributivo, Coosalud se encuentra entre las diez primeras con más afiliados, alcanzando los 313.755.

Así mismo, desde la entidad se envió un mensaje de tranquilidad a todos los afiliados de esta EPS. “Esta decisión es para administrar, más no para liquidar; por eso, enviamos un mensaje de tranquilidad a todos los usuarios y afiliados de Coosalud”, expresó el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano García.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo las denuncias de corrupción en Coosalud, sugiriendo que recursos públicos podrían haber sido desviados hacia paraísos fiscales.

Durante la posesión del nuevo superintendente nacional de Salud, Helver Giovanni Rubiano García, Petro expresó que, en su opinión, la EPS debería ser intervenida, lo que ahora se ha materializado con la acción de la Superintendencia de Salud.

En la cuenta de X de la Superintendencia de Salud se publicó un mensaje del momento en el que se oficializó la intervención a la EPS Coosalud.

“La Supersalud en cabeza del Superintendente Giovanny Rubiano (@giovannyrubiano) y su equipo técnico adelanta la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar la medida de intervención administrativa para administrar”, dice la publicación.

Coosalud fue fundada en Cartagena el 20 de junio de 1994 por 800 asociados, y su primer presidente fue Aniano Cantillo, un profesor de matemáticas y física. Desde entonces, la EPS experimentó un crecimiento significativo, expandiéndose hacia el norte, sur y oriente del país. En 2001, impulsó su crecimiento mediante adquisiciones, y en 2014 y 2016 fue reconocida como la mejor EPS por el Ministerio de Salud y Protección Social.

A pesar de su crecimiento, Coosalud ha enfrentado desafíos recientes. En septiembre de 2024, la EPS reportó una disminución de 16.892 afiliados en comparación con julio, principalmente en el régimen subsidiado. Sin embargo, en el régimen contributivo, la EPS experimentó un aumento en el número de afiliados.

En términos financieros, Coosalud reportó ingresos de $4,79 billones en 2023, con un crecimiento del 19,1% respecto al año anterior. De estos ingresos, $4,66 billones provinieron del Plan de Beneficio de Salud (PBS). Los costos operacionales representaron el 95,3% de los ingresos, con un total de $4,63 billones.

La intervención de Coosalud se produce poco después de que la Supersalud denunciara posibles casos de corrupción en cuatro EPS, entre las que estaba incluida la actual intervenida.

La Procuraduría también inició una investigación preliminar sobre el presunto manejo irregular de recursos en Coosalud y otras EPS como Servicio Occidental de Salud (SOS), Asmet Salud y Emssanar. Estas acciones se basan en denuncias sobre el posible direccionamiento de contratos por parte de un asesor médico de las EPS.

En Colombia, la intervención del gobierno en el sector de la salud alcanzó un nuevo nivel con la supervisión de ocho Entidades Promotoras de Salud (EPS), que juntas representan casi la mitad de los afiliados al sistema de salud del país. Según datos del Ministerio de Salud, estas entidades, que incluyen a Nueva EPS, Assmet, SOS EPS, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Sanitas y la recientemente intervenida Coosalud, suman un total de 25,2 millones de afiliados, lo que equivale al 48,5% del total nacional.

La intervención más reciente, antes de Coosalud, se dio en abril, en la cual resultaron afectadas la Nueva EPS y Sanitas, dos de las entidades más grandes del país, que juntas cuentan con 17,1 millones de afiliados. Esta medida forma parte de un esfuerzo continuo por parte de la Superintendencia Nacional de Salud para asegurar la estabilidad y el correcto funcionamiento de estas entidades, que son fundamentales para el sistema de salud colombiano.

Desde la creación del sistema de salud en 1993, más de 100 EPS han sido liquidadas tras intervenciones gubernamentales. Este proceso refleja los desafíos persistentes en la gestión de las EPS y la necesidad de una supervisión constante para garantizar que cumplan con los estándares de atención y sostenibilidad financiera.

La intervención de estas entidades no solo busca corregir problemas internos, sino también proteger a los millones de usuarios que dependen de sus servicios. La situación actual subraya la importancia de una regulación efectiva en el sector de la salud para prevenir colapsos que podrían afectar a una gran parte de la población.

Coosalud EPS logró un avance significativo en su batalla legal contra la Superintendencia Nacional de Salud. El Juzgado 9 Penal del Circuito de Cartagena aceptó una tutela presentada por la entidad de salud, en un caso que destaca por las acusaciones de violaciones al debido proceso y derechos fundamentales. Según el documento legal, la Superintendencia habría divulgado hallazgos preliminares de una auditoría en redes sociales antes de notificar formalmente a Coosalud, lo que ha generado una condena social sin base legal.

La EPS sostiene que la auditoría se centró exclusivamente en su operación, dejando de lado a otras entidades del sector, lo que consideran un acto arbitrario. Además, el informe preliminar que circula en redes sociales contiene conclusiones inexactas y carece de especificaciones sobre las normas presuntamente violadas, lo que ha llevado a un juicio mediático sin fundamentos jurídicos sólidos.

Uno de los puntos más críticos de la tutela es la denuncia de una notificación indebida. Coosalud afirma que nunca fue informada formalmente sobre los hallazgos preliminares, lo que le impidió presentar una defensa o proponer un plan de mejora en el plazo estipulado de 10 días. Esta acción, según la EPS, no solo invalida el acto administrativo, sino que ha causado un daño irreparable con serias implicaciones jurídicas y reputacionales.

La Superintendencia habría emitido un comunicado sobre el informe preliminar, lo que Coosalud califica como una violación a su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Este acto ha generado una condena social antes de que la EPS tuviera la oportunidad de ser escuchada formalmente.

Coosalud exige que se respeten sus derechos al debido proceso y al buen nombre, y solicita que la Superintendencia se abstenga de difundir información no notificada debidamente a las partes involucradas. El caso ahora está en manos del juzgado, que evaluará si la Superintendencia incurrió en actos que vulneran los derechos fundamentales de la EPS.