Francisco Barbosa celebró la condena a los responsables del violento ataque al CAI de La Aurora durante el estallido social del 2021

La decisión judicial que condenó a Kevin Hernández Socha y Edwin Murcia Rodríguez por el violento ataque al CAI de La Aurora, ocurrido durante las protestas del 4 de mayo de 2021, generó múltiples reacciones, entre ellas la del exfiscal General Francisco Barbosa, que lideró las imputaciones iniciales en este caso.

Barbosa calificó el fallo como un triunfo de la justicia y un respaldo a la gestión adelantada durante su administración en la Fiscalía General de la Nación, destacando que los responsables de actos de terrorismo deben enfrentar el peso de la ley para preservar el orden y la institucionalidad en el país.

“La justicia nos dio la razón. No nos equivocamos en la Fiscalía General cuando se protegió la institucionalidad al imputar y acusar por terrorismo agravado y violencia contra servidor público a los criminales que querían acabar el país en el 2022″, señaló Barbosa en sus redes sociales. Además, destacó que este fallo reitera el compromiso del sistema judicial con la seguridad y la paz, elementos esenciales para una sociedad democrática.

El juez quinto especializado de Bogotá condenó a Hernández Socha y Murcia Rodríguez a 18 y 20 años de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en los hechos violentos.

Según el fallo, ambos participaron en el ataque al CAI de La Aurora, en la localidad de Usme, utilizando bombas molotov y otros elementos contundentes. Los policías que se encontraban dentro del CAI tuvieron que evacuar el lugar en medio de las llamas, lo que dejó profundas secuelas psicológicas y físicas en las víctimas, además de un ambiente de terror en la comunidad.

El juez calificó los hechos como “repudiables y censurables desde todo punto de vista” y señaló que las acciones de los condenados afectaron derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la seguridad pública. Por ello, además de las penas de prisión, los sentenciados deberán pagar una multa equivalente a 6.000 salarios mínimos legales vigentes, cerca de 6.000 millones de pesos, sin acceso a beneficios como libertad condicional o detención domiciliaria.

Barbosa también aprovechó el momento para recalcar la importancia de una gestión pública eficiente frente a discursos políticos que, según él, carecen de sustento. “Nada de improvisación y mucha seriedad en el manejo de la Fiscalía General”, concluyó.

Mientras tanto, la defensa de los condenados anunció que apelará el fallo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que se vulneraron algunos de los derechos procesales de los acusados.

Los uniformados presentes en el lugar relataron en el juicio cómo los agresores rompieron los vidrios y, tras arrojar los artefactos explosivos, generaron un incendio que puso en grave riesgo la vida de los agentes. Los policías que fueron testigos de los hechos detallaron la angustiante situación, que incluyó amenazas e insultos por parte de los manifestantes, quienes se referían a ellos de manera despectiva.

Uno de los agentes, identificado como Wilmer Andrés Parra, dio su testimonio en el juicio, señalando que fue capaz de reconocer a los acusados, Kevin Hernández Socha y Edwin Murcia Rodríguez, que formaban parte del grupo agresor.

Parra, visiblemente afectado, relató con lágrimas en los ojos los momentos de terror que vivió esa noche, afirmando que, por el “mero hecho de ser servidores públicos, les querían hacer daño”. Describió cómo, en medio del caos, los atacantes proferían amenazas como: “Matemos esos cerdos... Tienen que salir o los quemamos adentro... Vamos, matemos a esos cerdos”.

La situación de riesgo se extendió durante varios minutos, mientras los oficiales intentaban resguardarse en el interior del CAI, sin saber si podrían salir con vida. A lo largo de su testimonio, otros policías coincidieron en que la integridad física de los agentes estuvo gravemente amenazada por los actos violentos que se desarrollaron en el lugar. Estos testimonios fueron fundamentales durante el juicio, ya que permitieron identificar con claridad a los responsables de los ataques, a pesar de los intentos de los defensores de los acusados por sembrar dudas sobre la validez de estas declaraciones.

La defensa de los dos imputados, sin embargo, trató de poner en duda los testimonios de los policías, argumentando que no era posible identificar a los atacantes debido a la confusión generada en el tumulto. No obstante, el juez desestimó estos argumentos y rechazó las alegaciones de la defensa, sosteniendo que las pruebas presentadas eran suficientemente claras y contundentes para confirmar la responsabilidad de los acusados.