Así de mal de dinero quedarían los colombianos con los nuevos impuestos de la reforma tributaria del Gobierno Petro

Representantes de gremios económicos y centros de estudio manifestaron críticas severas a la propuesta de la ley de financiamiento o reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro con el argumento de que podría comprometer la estabilidad financiera del país en un momento de crecimiento económico frágil.

Durante una audiencia pública convocada por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el 21 de noviembre, se destacó que el proyecto es “inconveniente e inoportuno”.

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La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) estima que existe un faltante de aproximadamente $36 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, pero considera que no es el momento adecuado para abordar este debate. Su director, Luis Fernando Mejía, enfatizó que “todavía estamos viendo los efectos de las últimas dos reformas tributarias, que fueron muy duras con el aparato productivo y los hogares. También, que “aumentar la tributación en esta coyuntura puede echar al traste la recuperación económica”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó su preocupación por el incremento en el gasto del Gobierno, por lo que indicó que $3 de cada $10 producidos en Colombia se destinan al Estado.

Según señaló, “esos recursos, que se le quitan al resto de la economía, han crecido significativamente”. Este incremento podría llevar a una crisis de insolvencia, por lo que afecta tanto a los hogares como a las empresas.

A estas preocupaciones se unió la directora del Consejo Gremial Nacional, Sandra Rodríguez. Criticó la búsqueda de recursos adicionales al mencionar que muchos fondos del presupuesto actual aún no se han ejecutado.

La dirigente dijo: “No es conveniente en este momento presentar una ley de financiamiento por la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación. Incluso hay sectores por debajo del 50%”. Advirtió sobre el riesgo de modificar la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), en 2024 y de las potenciales implicaciones negativas a corto y mediano plazo en las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió y dijo que el objetivo del Gobierno es adelantar la vigencia de la regla fiscal del 2026 al 2025. El funcionario recordó que Colombia perdió su grado de inversión en 2021 debido al alto endeudamiento, por lo que pasó de una deuda pública del 49% del PIB al 61%.

El impuesto al carbono, una de las propuestas del proyecto, suscitó críticas por su impacto potencial en los precios de los combustibles y, en consecuencia, en la inflación. Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, mencionó que dicho impuesto se diseñó para acompañar una transición energética gradual que aún no se materializa.

La preocupación es cada vez más grande, ya que el impuesto podría elevar el valor de la canasta de combustibles en un 217% para 2026.

Otro punto de discusión es el régimen simple de tributación. La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) advirtió que su eliminación podría revertir los avances en la formalización empresarial y aumentar la pobreza al limitar el acceso de los trabajadores a la seguridad social.

La presidenta del gremio, María Clara Hoyos, resaltó que el impuesto recaudó $1,8 billones este año, siendo el único en crecimiento.

Finalmente, el presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), Evert Montero, cuestionó la viabilidad de recaudar $2,1 billones a partir de las apuestas, por lo que alegó que las cuentas del proyecto son inconsistentes. El dirigente explicó que el cálculo se basa en los ingresos de las plataformas, considerando costos y gastos que en la actualidad alcanzan el 93%.

La oposición de los gremios a la ley de financiamiento se fundamenta en sus efectos potencialmente adversos sobre la economía, con lo que se destaca la necesidad de un análisis prudente y exhaustivo de sus implicaciones fiscales y sociales antes de la implementación.