Se calienta el debate por el salario mínimo: gremios apuntan a que no subiría más de 100.000 pesos

Continúan las intensas discusiones sobre el aumento del salario mínimo para 2025 en Colombia, con propuestas que varían entre los diferentes sectores.

En especial las agremiaciones de empresarios y las federaciones solicitan al Gobierno que la cifra no sea elevada, sino que esté en línea con los índices de inflación y otras variables económicas, para no afectar a las empresas y, en consecuencia, a los trabajadores.

Mientras tanto, los sindicatos solicitan que el alza sea superior a la cifra actual del IPC, cuya tasa de variación anual está ubicada en el 5.8%.

Incluso, la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) sugirió en un comunicado que el incremento no supere el 7%, lo que contrasta con las expectativas de algunos sectores que abogan por un ajuste superior al 15%, aunque el aumento proyectado por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla no excedería ese 7%.

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De hecho, la cartera de Hacienda contempla un posible incremento del 6,2%, lo que situaría el salario mínimo en $1.380.600, por ejemplo.

En contraste, un aumento del 7% propuesto por Acrip elevaría el salario a $1.391.000, partiendo del salario actual de $1.300.000. Es decir, sea cual sea la decisión decretada por el Gobierno nacional, el aumento no sería superior a los cien mil pesos.

En una mano, como informó La FM., Acrip fundamentó su propuesta en un análisis de 1.044 cargos en 32 sectores empresariales, y concluyó que un aumento moderado es necesario para evitar presiones financieras en las empresas y asegurar su sostenibilidad.

Gladys Vega, presidenta de Acrip, explicó al medio que en los últimos años el incremento del salario mínimo “ha superado la inflación”, pero las empresas no han podido seguir este ritmo a cabalidad, lo que, en consecuencia, ha llevado a que más colombianos ganen el salario mínimo.

“Por ello, proponemos que el incremento para 2025 no supere el 7%, alineándose con la capacidad de pago del sector empresarial”, agregó la líder de la federación.

El director del diario especializado en asuntos económicos y financieros La República, Fernando Quijano, comentó en el mismo portal radial que la discusión sobre el salario mínimo se inició con dificultades, ya que las centrales obreras buscan incrementos mayores. Quijano sugirió que el aumento podría quedar en $90.000, que en porcentaje sería entre el 5,5% y el 6,5%.

Quijano también dijo que el Gobierno podría utilizar estrategias alternativas para llegar a un acuerdo con las centrales obreras, como un incremento en el auxilio de conectividad, que podría aumentar entre un 5% y un 6%.

Las negociaciones formales para definir el aumento comenzarán a finales de noviembre, como lo confirmó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

En la otra orilla, los sindicatos están exigiendo un aumento del 10%, que en números equivaldría a un incremento de $130.000. Con tal cifra, marcan una diferencia en las propuestas iniciales de los empresarios que supera los $45.000.

Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), citado por El Tiempo, manifestó que los que buscan los sindicatos es asegurar un aumento de doble dígito por segundo año consecutivo.

Sin embargo, tanto el Gobierno como el sector privado consideran que un incremento tan elevado es inviable en el contexto económico actual, lo que ha generado resistencia entre los empresarios.

Arias dijo sobre la proyección del ministro Bonilla: “Es inconveniente, inusual e inoportuno lo que hizo”. Pero también se fue en contra de las empresas, y dijo que él era pesimista en cuanto a unas posibles negociaciones.

“Yo soy de los pesimistas. Los empresarios se oponen a la laboral (la reforma), la reforma a la salud, la pensional y se van a oponer a esto también. Ya el año pasado fue imposible llegar a un acuerdo”, advirtió en diálogo con el medio nacional.

Incluso, una carta que se envió desde la Organización Internacional de Empleadores de la Organización Internacional del trabajo afirmó que, lejos de considerar el mercado laboral, la distancia de una conversación tripartita genera un “temor fundado de que el Gobierno apruebe reformas que no cuentan con las perspectivas de empleadores y trabajadores”.