Impuestos que quiere cambiar Gustavo Petro generarían una nueva crisis en el precio de la gasolina y otros productos

El Gobierno de Gustavo Petro presentó al Congreso de la República un nuevo proyecto de ley de financiamiento o de reforma tributaria con el fin de recaudar $12 billones y financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, cuyo monto todavía no se definió, ya que la corporación lo negó y será el presidente el que lo establezca por medio de decreto.

La iniciativa que se dio a conocer en septiembre de 2024, entre otras cosas, modifica el impuesto de renta, así como el del carbono, lo que impactará, sin dudas, a las finanzas de los colombianos. Todavía no tuvo el primer debate formal en Senado o Cámara de Representantes.

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Teniendo en cuenta esto, unos meses después, la Federación Colombiana De Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), manifestó algunas reflexiones al respecto.

Por medio de un comunicado, el gremio que tiene como directora ejecutiva a Nidia Hernández, anotó puntos positivos y otros que no considera así. Dentro de lo bueno, anotó que está el hecho de disminuir el impuesto a la renta para las empresas (el más alto de la región), puesto que brinda un aliento al tejido empresarial (el 99,5% de las empresas son micro, pequeñas y medianas) al proceso de reactivación económica y en consecuencia la generación de empleo formal.

Otro aspecto positivo es el articulo 17 que propone la ampliación de beneficios del IVA CREI (incentivo tributario que permite a los pequeños propietarios transportadores del país modernizar los vehículos para la prestación de servicio público de transporte de pasajeros y de servicio público o particular de carga con una reducción significativa de su costo de inversión y operación) hasta 2029, que permitirá la renovación del parque automotor en el país, dado que la edad de los vehículos de carga en Colombia es de 21 años, lo que lao posiciona como al país con la segunda flota más antigua de Latinoamérica.

Sin embargo, el artículo 21 propone un aumento en el impuesto al carbono, lo que genera un alto impacto económico en el sector transporte terrestre de carga y mercancías, debido a la alta participación de este rubro dentro de nuestra estructura (40,20%).

“Adicionalmente, impactará significativamente la inflación, debido a que el 97% de la carga se mueve por carretera, lo que significa que cualquier aumento en los costos en el transporte, elevara los precios de los productos transportados a los colombianos, entre estos los de la canasta familiar y también aumentara los precios de los pasajes de transporte público de pasajeros”, precisó la entidad.

De igual manera, anotó que con esta iniciativa se propone un incremento en el precio final del galón diésel de $487, que se sumarian al incremento en septiembre de $400 y el que se ejecutará en diciembre de $400, lo que llevará a un incremento de $1.287 por galón y tendría efectos sobre el costo logístico nacional que a 2022 fue de 17% sobre el porcentaje de ventas (muy por encima del estándar Ocde).

También, que este porcentaje no contempla los sobrecostos que ya se asumieron en materia de peajes, los mayores costos salariales y financieros más los costos ocultos por cuenta de los más de 1.984 bloqueos en las vías nacionales de comunidades inconformes, cierres viales por derrumbes y fallas en la infraestructura sumado a la ola de inseguridad, que perjudican de manera significativa la productividad de los vehículos de carga y pasajeros.

Además, “este incremento en el impuesto al carbono representa un riesgo en materia de orden público, puesto que un nuevo incremento en el precio del diésel podría desencadenar -nuevamente- protestas de pequeños transportadores independientes, considerando que el Gobierno nacional firmó un acuerdo con quienes lideraron las protestas quienes solo aceptaron un incremento en el precio de $800″.

Por otra parte, señaló Colfecar que no está de acuerdo con el artículo 22, en el que se hacen ajustes frente a la destinación de los montos recaudados por este concepto. Aclaró que, en la actualidad, el 80% del recaudo del impuesto al carbono es destinado a iniciativas ambientales y el 20% al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis).

Entonces, con la nueva propuesta, la destinación será del 27% para iniciativas ambientales, el 7% para el Pnis, y el 66% del recaudo se integraría al Presupuesto General de la Nación sin un objetivi específico.

Ante esto, Colfecar propuso que parte de la destinación del impuesto al carbono apoye la descarbonización del sector transporte, puesto que el 80% del parque automotor está en manos de pequeños propietarios, a quienes les queda imposible poder comprar un vehículo cuyo valor en promedio es de USD180.000 (más de $756.000.000), por lo que sería importante que un porcentaje alimente el fondo de modernización.

“Desde Colfecar llamamos la atención a que el Gobierno reconozca que el próximo año el gasto público tendrá un incremento relevante, a pesar de que la ejecución presupuestal es baja. Las cifras de Ministerio de Hacienda indican que la ejecución del Presupuesto General a octubre de 2024 va en 63%, con un muy bajo nivel de ejecución de la inversión (39,2%). Si el gobierno no ejecuta el 100% del presupuesto se esperaría que no fuese necesaria una ley de financiamiento o reforma tributaria”, enfatizó.

Asimismo, recomendó que, antes de hacer una ley de financiamiento, se requiere una evaluación del desempeño de las entidades gubernamentales y priorizar la ejecución de los programas existentes. Esto, debido a que la baja ejecución, en especial en inversión, retrasa la implementación de programas y sectores estratégicos del plan de Gobierno, en un entorno de desaceleración económica en donde el gasto público debe mostrar su mayor efectividad.

Se quejó el gremio de transportadores de carga por carretera de que el sector transporte no aguanta un sobrecosto más y los colombianos no aguantan un impuesto más, ya que en los últimos 34 años el país sufrió 21 reformas tributarias, lo que solo contribuye a generar una mayor incertidumbre y ahuyenta la inversión privada.

“No podemos pensar en el largo plazo como país, si no se garantiza la seguridad jurídica, la seguridad energética y la seguridad física”, finalizó.