La Fundación para el Estado de Derecho presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debido al desabastecimiento de medicamentos en Colombia. Esta acción se suma a una acción popular instaurada meses antes por la Procuraduría General de la Nación. En su escrito, la fundación apuntó al Ministerio de Salud y al Invima como los presuntos responsables de la falta de acceso a medicamentos, lo cual estaba vulnerando los derechos de los pacientes a recibir un servicio esencial.
Según la fundación, el problema de escasez de medicamentos no solo persistía, sino que empeora mes a mes. La entidad argumentó que no se implementaron las medidas necesarias para solucionar la situación y, por el contrario, se tomaron decisiones que dificultan el suministro adecuado de los fármacos. Mencionaron el aumento de las demoras en el proceso de registro de medicamentos y tecnología médica como una de las causas principales del problema.
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Además, advirtió sobre la insuficiencia de recursos por parte de las EPS para proporcionar los medicamentos, algo que se atribuye a la falta de asignación de recursos y giros por parte de los Ministerios de Hacienda, de Salud y de la Adres. Esta falta de financiamiento impide que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) pudiera cubrir los planes de Beneficios en Salud (PBS).
Andrés Caro, director de la fundación, señaló que, además de la demanda, estaban solicitando que el Tribunal tomara medidas cautelares para resolver la situación con prontitud. Caro enfatizó que el desabastecimiento de medicamentos e insumos afectaba de manera directa los principios fundamentales del sistema de salud, tales como la disponibilidad, accesibilidad, eficiencia y oportunidad en la prestación del servicio público de salud.
Para fundamentar la demanda se utilizaron diversos informes, entre ellos el elaborado por la Cámara de Industrias Farmacéuticas de la Andi en 2023. Esta cámara representa aproximadamente al 77% del mercado farmacéutico en Colombia. En su informe, se advirtió sobre la acumulación de 27.904 trámites pendientes de resolución en el Invima hasta junio de 2023. De acuerdo con el informe, “el 64% de estos trámites tendría un alto impacto en la salud de la población debido al riesgo implícito de desabastecimiento de medicamentos”.
El magistrado Felipe Solarte fue el encargado de analizar tanto la demanda como la solicitud de medida cautelar. Su tarea consistió en sustentar el proceso y presentar sus hallazgos a sus colegas de sala para que pudieran votar sobre la situación. En cuanto a la primera demanda y la medida cautelar que fue rechazada, la Procuraduría General de la Nación fue la primera entidad en solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tomara medidas sobre la grave escasez de medicamentos.
El Ministerio de Salud se comprometió a elaborar un plan de acción para tramitar 8.231 solicitudes de registro de medicamentos antes de que terminara 2023, de un total de 26.049 solicitudes pendientes. Esto luego del llamado, del magistrado Luis Manuel Lasso.
Cabe señalar que, en un oficio dirigido al magistrado, el Ministerio de Salud puntualizó que la acción popular iniciada por la Procuraduría provenía desde 2019 y que su misión como entidad es dirigir la política pública en salud. Sin embargo, aclararon que la ejecución de procesos más técnicos, como los registros de medicamentos, corresponde al Invima.
Con el fin de dar seguimiento a la situación, el Tribunal Administrativo emitió medidas cautelares en 2023. No obstante, las primeras semanas de noviembre, el Consejo de Estado decidió revocar esas medidas, argumentando que el Tribunal se excedió en el marco de la demanda presentada por la Procuraduría. La corte explicó que la demanda debía establecer de manera clara y directa cómo el desabastecimiento de medicamentos estaba relacionado con los precios en el mercado y la falta de una política pública adecuada al respecto.
El llamado a resolver de manera urgente el problema de desabastecimiento de medicamentos y garantizar la atención a los usuarios del sistema de salud recibió el respaldo de varias organizaciones, entre ellas Pacientes Colombia y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro).