El caso de corrupción de Centros Poblados que estalló en agosto del 2021, durante la administración del ahora expresidente Iván Duque, llevó al empresario Emilio Tapia Aldana a comparecer ante la justicia. El excontratista habría participado en el desfalco de miles de millones de pesos que iban a ser invertidos en la implementación de cobertura de internet en varias escuelas ubicadas en zonas rurales del país.
Con la adjudicación del contrato 1043 de 2020, a la Unión Temporal Centros Poblados, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), se tenía planeada la instalación de 7.727 centros digitales, pero eso nunca pasó y el dinero invertido para ello se perdió. Por eso, la Unión Temporal deberá pagarle al Estado $87.027 millones.
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Por este caso, el empresario en cuestión llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para recibir beneficios en su situación jurídica. Acordó entonces que pagará una pena en prisión de seis años y tres meses por la comisión de tres delitos. Además, aseguró que devolverá $5.000 millones por los daños causados por los actos de corrupción, de los cuales ya regresó $2.500 millones. El restante del dinero se verá reflejado en la entrega de bienes que tiene en Medellín. Cundinamarca y Girardot.
Así las cosas, el procesado aceptó ser responsable de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. No obstante, hace falta que un juez de conocimiento avale el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía para que este sea ejecutado. La diligencia se llevará a cabo el 18 de diciembre de 2024, según precisó Noticias Caracol.
¿Qué hizo Emilio Tapia?
La Fiscalía acusó formalmente al empresario el 24 de mayo de 2023 por su intervención en los actos de corrupción endilgados a la Unión Temporal Centros Poblados y por irregularidades en dos proyectos de tratamiento de agua en Cali. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción agrupó los procesos para llevar Tapia Aldana a juicio.
Con respecto al caso de Centros Poblados, la investigación del ente acusador demostró que el excontratista constituyó con datos falsos la unión temporal para que cumpliera con los requisitos de contratación y lograr así que el millonario contrato para llevar conectividad a zonas rurales le fuera adjudicado.
“Tapia Aldana habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, ‘Centros Poblados’ se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato”, precisó la Fiscalía.
Luego de que el mencionado contrato fue adjudicado, la cartera hizo un desembolso de $70.000 millones por concepto de anticipo. De la totalidad del dinero, el empresario recibió $6.182 millones, de los cuales giró $1.118 millones a los dueños de las empresas que le vendieron su experiencia para que pudiera presentarla en el proceso de licitación.
Los recursos restantes, $5.064 millones, los habría utilizado para adquirir muebles e inmuebles lujosos, como apartamentos, tiquetes aéreos, carros de alta gama y obras de arte. También habría destinado una parte del dinero para el pago de honorarios a sus abogados.
Cabe resaltar que en 2015, el empresario fue condenado a 17 años de prisión por su participación en el carrusel de la contratación con el que se desfalcó a Bogotá. Estuvo involucrado en irregularidades en los procesos de licitación y posterior ejecución de dos contratos con los que se pretendía mejorar la malla vial de la ciudad: 071 y 072 de 2007. Para entonces, Tapia aceptó su responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho e interés indebido.
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