Olmedo López ofrecerá más información y datos clave en investigación de corrupción en la Ungrd, aseguró su abogado

Olmedo López, el procesado exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo (Ungrd), vuelve al centro de atención debido a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en medio de las investigaciones del caso de corrupción de los carrotanques de esa entidad en La Guajira.

Según su abogado José Luis Moreno, López proporcionó y seguirá brindando información valiosa que ha permitido desmantelar redes de corrupción más amplias, y aún tiene más datos que seguiría aportando a las autoridades, a la vez que aceptó devolver 724 millones de pesos.

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La información la dio el mismo jurista defensor a través de una entrevista con los periodistas del programa radial Mañanas Blu. Allí Moreno explicó que López aceptó su responsabilidad, de manera que su pena resultaría en 85 meses de prisión, “es decir, 7 años y un mes”, amplió.

Este acuerdo fue negociado por el abogado Moreno, que describió los beneficios como “un puente hacia la verdad”.

De hecho, indicó que los aportes de Olmedo López a la investigación fue determinante para conseguir conocer en detalle lo que sucedió. “Hoy en día, el valor de la información entregada por el señor López supera con creces el valor de una pena más severa y vacía de resultados”, dijo.

Asimismo, destacó que se aguarda que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, emita una resolución que suscriba el principio de oportunidad por delitos como interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documentos, la cual será presentada ante un juez de garantías para su revisión.

De ser aprobado el acuerdo con la Fiscalía, López comenzará a colaborar con la justicia como testigo en el primer trimestre de 2025. Se espera que su testimonio sea clave tanto en la Corte Suprema de Justicia contra aforados investigados como en la Fiscalía contra particulares implicados en el caso.

Según el intercesor, la cantidad que López debe devolver “no fue un capricho de él”, sino que fue determinada “técnicamente” por los fiscales, que utilizaron testimonios y trazabilidad documental para verificar la información, si se considera que la cantidad de dinero desviado fue superior a los 4.000 millones de pesos.

El abogado incluso dijo que falta devolver el dinero “de las personas que se apropiaron, a quienes iban destinados los recursos, los máximos responsables”.

Moreno también defendió la colaboración de su cliente y también argumentó que en un sistema judicial donde a menudo no se alcanza la justicia ideal, estas negociaciones pueden ser útiles para atrapar a los líderes de las redes delictivas, como publicó el medio.

Incluso, José Luis Moreno dijo que la justicia de la pena no es efectiva para “desentrañar actos de corrupción”.

Adicionalmente sostuvo que los procesos de negociación, como el de López, permiten llegar a las personas que realmente se apropiaron de los recursos. No obstante dijo en el diálogo que el sistema punitivo no permitirá llegar a los máximos responsables de este tipo de entramados de corrupción.

La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado el martes 19 de noviembre de 2024 en el dijo que se sospecha que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, habrían participado en la modificación indebida de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para reducir su valor en 100 mil millones de pesos y desviar los recursos restantes.

La investigación se centró en determinar las relaciones contractuales entre los mencionados exfuncionarios y otros servidores públicos del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), la Ungrd y la ANT.

Según el Ministerio Público, estas entidades podrían haber estado involucradas en la celebración de convenios irregulares, en los cuales se habrían acordado pagos de sobornos y anticipos para facilitar las acciones ilícitas.

La Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría señaló que las denuncias surgieron a partir de reportes de medios de comunicación, que indicaron que las modificaciones al convenio entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres y la ANT tenían como objetivo reducir el valor del negocio y trasladar los recursos restantes.