Este sería el plan criminal del ELN en contra de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco en el Cauca

A través de entrevistas, testimonios comunitarios y desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se conoció el plan criminal que estaría preparando Neftalí Riascos Alegría, alias Marcos Pacífico, cabecilla de la estructura José María Becerra del grupo guerrillero, en el departamento del Cauca.

El informe de inteligencia revelado por Caracol Radio, explica que Marcos Pacífico, de 47 años y con un historial de 25 años en el grupo guerrillero, habría dado la orden a sus subordinados de llevar a cabo atentados contra integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, lideradas por Iván Mordisco.

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El citado medio detalló que las acciones se llevarían a cabo en el sur del Cauca, con el propósito de conseguir territorios estratégicos y controlar las actividades ilegales como extorsiones, rutas de narcotráfico y cultivos ilícitos.

El plan contra la disidencias de las Farc consistiría en la instalación de artefactos explosivos en las vías que utilizan. Además, de realizar infiltraciones en campamentos enemigos, con el objetivo de comprar información a miembros de las disidencias. El grupo guerrillero estaría dispuesto a pagar entre diez y veinte millones de pesos.

Caracol Radio reveló que el principal objetivo sería asesinar a alias Andrés Patiño, máximo cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc. El atentado se llevaría a cabo en la zona de Patía, Cauca.

Asimismo, se habría intensificado el reclutamiento a menores de edad, por medio de engaños y amenazas en municipios como El Tambo, Guapi, Argelia.

Marcos Pacífico también tiene poder de decisión en Nariño y el Valle del Cauca, donde es señalado de cometer crímenes contra la fuerza pública, secuestro y asesinar a líderes sociales.

En 2022 lanzó una bomba al Esmad, que dejó un saldo de trece oficiales heridos. Además, realizó la instalación de banderas alusivas al grupo guerrillero en diferentes zonas urbanas para generar pánico en la comunidad.

Iris Marín, defensora del Pueblo, expresó un enfático llamado al grupo armado para detener acciones que afectan directamente a la población civil, como el paro armado que mantiene en los ríos del Chocó, de acuerdo con información de Semana.

Desde el Congreso, Marín reiteró su preocupación por las comunidades más vulnerables y urgió al ELN a tomar medidas concretas en pro de la paz. “Insistimos en el llamado al ELN que el mejor gesto de paz es el respeto a la población civil entonces que se firme un cese al fuego ojalá, pero que no solo proteja a los combatientes, sino también a las comunidades, que haya compromisos específicos de finalizar prácticas como los confinamientos”, afirmó para ese medio.

En las semanas previas, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas sobre problemáticas graves como el reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento masivo. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en El Plateado, Cauca, donde más de 1.200 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre actores armados.

Estas situaciones, según Marín, deben ser atendidas prioritariamente en las negociaciones con el ELN. El congresista Carlos Felipe Quintero, del Partido Liberal, respaldó las declaraciones de Marín. Subrayó que los informes de la Defensoría evidencian un alarmante control de los territorios por parte de grupos armados ilegales.

“El informe de la Defensoría es alarmante. El llamado es al comisionado de Paz y al Gobierno Nacional, estos grupos están prácticamente dueños de los territorios”, enfatizó Quintero.

Además, Marín instó al Gobierno de Gustavo Petro a fortalecer la respuesta a las alertas tempranas emitidas por su entidad, destacando la importancia de proteger a las comunidades afectadas por el conflicto. La Defensoría del Pueblo también ha intensificado esfuerzos para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados.

En Manizales, lideraron actividades educativas con estudiantes de secundaria, resaltando los riesgos del conflicto armado y las estrategias de captación utilizadas por los grupos ilegales. Según datos recientes, 282 menores fueron reclutados en Colombia hasta el 5 de noviembre, y más del 50% de los casos afecta a comunidades indígenas.